Más allá de la corrupción policial
III
En términos institucionales estoy en desacuerdo con la dispersión de funciones o sea con múltiples organismos para lo mismo, como es el caso de la DNCD y del actual DICAN, que es un organismo más antiguo que la misma DNCD, en eso coincido con muchos, pero las razones que aluden no deben ser utilizadas exclusivamente para este caso, pues cuando un mal es cultural y esta generalizado debemos ir al fondo del asunto, ya que todo el Estado dominicano padece ese mal, de varias instituciones para lo mismo, el problema es más profundo y da lugar al clientelismo político, abultamiento de nómina, dispersión de recursos, conflictos de mando y gerencia.
Por qué no nos alarmarnos con la duplicidad y usurpación de funciones en prácticamente todo las diferentes áreas del Estado, Tal es el caso de las Fuerzas Armadas, en asuntos de investigación criminal y otras áreas, que corresponden a la policía por esencia, naturaleza y mandato constitucional, al parecer, solo es malo cuando pasa en la Policía Nacional o con ella. Tampoco hay alarma con el tráfico de drogas, armas y personas ilegales por nuestra frontera o los puertos y aeropuertos que si es función del Ministerio de las FFAA y le corresponde controlar, pero no lo hacen por la sencilla razón de ser parte de esos negocios corruptos y criminales; con la permisibilidad de los gobiernos, autoridades políticas, congresuales y judiciales.
Para el extinto Joaquín Balaguer justificar “que la corrupción se detenía en la puerta de sus despacho”, tenía que destituir a todo aquel funcionario que se involucrara en el más mínimo escándalo. Extrañamente en un país que todos los años se registra gran crecimiento en su economía, pero el crecimiento no llega a las grandes mayorías nacionales; solo a unos pocos que cada vez son más ricos al costo de la pobreza que se acrecienta y aumenta la brecha .
La gran paradoja que nos impide avanzar como nación consiste en que en un estado de derecho, los cambios trascendentales que toda sociedad necesita, deben ser realizados e impulsados por su clase política en los distintos estamentos del poder, sin embargo, para desgracia nuestra, esa misma clase política constituye la retranca que impide realizar esos cambios que tanto necesitamos. Por la otra parte la sociedad civil o el pueblo trabajador que debe revelarse y cohesionarse para rescatar la nación, reclamar justicia social e igualdad de oportunidades para todos está dormido o es indiferente.
Si nuestra sociedad le interesa tener una policía ética, eficiente, comunitaria, moderna y democrática; debe elegir gobernantes honestos comprometido con los mejores intereses de la colectividad, del pueblo, así se respetará lo que manda la Constitución en su Art. 7, “Un Estado Social y Democrático de Derecho” y Art. 8, “Función Esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.”