La migración haitiana es un problema de múltiples aristas, que jamás podría resolverse con la propuesta de la directora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Valerie Juliand, de conceder una amnistía para los indocumentados del vecino país. Más descabellada es la petición de un catedrático haitiano, que se dispara con la desfachatez de abrir la frontera. El flujo sin control se traduciría en una real fusión de dos naciones.

La República Dominicana ha sido solidaria con las dificultades ancestrales de Haití y, sin embargo, ha sido sentada en el banquillo en cortes internacionales. Nadie entiende por qué Francia, Estados Unidos y Canadá no aplican un Plan Marshall para asumir la dirección de un Estado fallido, que, además, es intervenido por fuerzas extranjeras, sin que aparezca una pizca de nacionalismo para enfrentar o denunciar a los interventores.

No se puede acusar de xenófobos a los dominicanos que objetan y protestan por masiva presencia haitiana, la cual constituye una especie de quinta columna, que podría, en un momento de conflicto, diezmar nuestra resistencia a cualquier aventura de un desequilibrado que atente contra nuestra soberanía.

Se calcula que un 20% de la Ley de Gastos Públicos destinado a salud, es absorbido por la población haitiana, principalmente las parturientas.

Aunque el Estado dominicano nunca ha diseñado una política frente a la migración haitiana, la ley 285-4 regula la entrada de extranjeros. Ese texto jurídico no ha podido ser cumplido, en razón de que poderes fácticos han mostrado obsesiva oposición.

La xenofilia de escasos dominicanos se ha tornado en complicidad con el grave problema haitiano. Empero, el conjunto de la población que ocupa este lado de la isla batalla y batallará por preservar nuestros valores y la identidad como pueblo.