En cumplimiento del refrán aquel de que “después del palo dao ni Dios lo quita”, el Partido de la Liberación (PLD) debería asimilar la realidad de que la Junta Central Electoral (JCE), tiene un nuevo presidente y cuatro miembros, con sus respectivos suplentes y, que por tanto, disponen de las prerrogativas inherentes a esas funciones.

Se puede insistir en el discurso de que esos magistrados fueron escogidos por el Senado sin escuchar la opinión del PLD o que fue producto de una componenda entre el Gobierno y el partido Fuerza del Pueblo, pero esa versión, sea cierta o falsa, no resta legalidad a los jueces de la JCE juramentados ayer.

Los senadores Yván Lorenzo (PLD-Elías Pina) y José del Castillo (PLD-Barahona), insisten en que el presidente de la Junta, Román Jáquez y los demás miembros “no tienen independencia” y que el partido morado no les otorgara un voto de confianza, con lo que se condena a esos magistrados sin antes siquiera acomodarse en sus respectivas oficinas.

Las quejas externadas deberían quedar en el pasado, porque la escogencia de esos jueces se realizó en el marco de la legalidad institucional, aunque los nombres seleccionados fueran producto de un acuerdo que no incluyó al PLD.

Llama la atención que ninguna otra institución política o de la sociedad civil hayatomado tan en serio el asunto de la ilegitimidad que el PLD atribuye a la nueva JCE. Lo mejor sería esperar las actuaciones de los nuevos integrantes antes de comenzar a condenarlos.