El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, no ha tardado en anunciar una investigación sobre los supuestos sobornos que se pagaron en la venta de los polémicos aviones Tucano para perseguir el narcotráfico. Si bien procede transparentar la operación que supuso la erogación de 93.7 millones de dólares a través de un préstamo, Domínguez Brito no debería precipitarse en la pesquisa que ya han encaminado autoridades de Brasil y Estados Unidos sobre las aeronaves, cuyo costo por unidad es de 8.8 millones de dólares.
En el costo total se incluyen 15 millones por paquete logístico, 5 por armamento y radio y uno por entrenamiento. La compra de los aviones desató una fuerte polémica, pero el Gobierno y las Fuerzas Armadas defendieron la necesidad de adquirirlas para resguardar el espacio aéreo y perseguir el narco. Por más empeñado que pueda estar en aclarar la operación, lo recomendable es esperar el resultado de las investigaciones que realizan Estados Unidos y Brasil.

