Cuando la Magistrada Miriam Germán dirigió una comunicación al Presidente de la Suprema Corte de Justicia solicitándole que la excluyera de participar en el proceso a implicados en el caso Odebrecht, sentí preocupación.

Consideraba que ella, con esa actitud, actuaba de forma inadecuada y complacía a quienes, por su trayectoria en el poder judicial, no la quieren tener conociendo expedientes que manipulan para hacerlos producir resultados políticamente convenientes. Por fortuna ella rectificó y los beneficios de esa decisión no se han hecho esperar.

Antes del conocimiento del recurso de apelación contra las medidas de coerción, la Procuraduría General de la República y las onerosas cajas de resonancia de las directrices del poder, se ufanaban de la investigación en curso y de los pasos dados en ánimo de hacer producir a este escándalo mayúsculo sus correspondientes consecuencias.

Como pruebas del camino transitado en esa dirección, incluían el acuerdo suscrito con la firma brasileña; los doctos abogados que asesoraban al Ministerio Público, y las fotos de todo un equipo especializado trabajando largas jornadas porque “el peor servicio que se le puede hacer a la lucha contra la corrupción, es instrumentar mal los expedientes y propiciar que se caigan en los tribunales”.

Las severas medidas de coerción impuestas, consistentes casi todas en prisión preventiva, daba seguimiento perfecto a la ejecución de un guión planificado con minuciosidad para que el curso de los acontecimientos girara en torno a los deseos del designio mayor.

No disminuían la euforia las advertencias de muchos que llamaban la atención sobre la precariedad de una investigación que no trascendía las migajas dejadas caer desde Brasil y que adolecía de yerros que, por estrambóticos, era imposible admitir que fueran resultados de la casualidad. En cuanto al Acuerdo con el afortunado sobornador, ha quedado evidenciado que a este se le ha concedido todo, y que es nulo su aporte para el avance satisfactorio de este proceso.

Cierto que se trata de una investigación inconclusa y que se dispone de tiempo para perfeccionarla. Pero ¿puede alguien afirmar que lo realizado hasta ahora apunta hacia una conclusión aleccionadora del caso de corrupción más grave del que este país ha sido víctima? ¿Cómo explicar que el voto disidente de la Magistrada Germán, que propugna por no aplicar prisión preventiva a ninguno de los imputados, haya provocado un respaldo casi unánime? Sencillo, ese voto digno ha significado un jabón al sancocho que nos quieren embutir.