Concluidas las festividades de Navidad, Año Nuevo y Reyes, arranca en firme la campaña electoral de cara a las elecciones municipales, presidenciales y congresuales en las que participan más de 25 partidos y movimientos políticos que procuran atraer el voto de ocho millones de potenciales electores.

La contienda electoral ha estado matizada por un discurso hiperbólico, sostenido básicamente en intercambio de acusaciones de naturaleza infamante o afrentosa entre partidos y candidatos, como si el objetivo sería que la población elija entre lo malo y lo peor.

A 40 días de los comicios municipales, los sufragantes aún desconocen el catálogo de propuestas que deberían presentar en sus respectivos municipios los aspirantes a alcaldes, regidores y directores municipales porque cada cual procura develar discapacidades en sus adversarios antes que mostrar propias virtudes.

Se resalta como positivo que desde la proclama de apertura de la campaña electoral, el 5 de diciembre de 2023, no se han escenificado casos de violencia física entre simpatizantes de diferentes banderías partidarias, lo que se atribuye al grado de madurez cívica alcanzado por los electores.

En vez de promover debates mediáticos o de redes basados en la confrontación de propuestas, partidos y candidatos activan sus mentados “cuartos de guerra”, donde se fabrica todo tipo de tropelías en la intención de embadurnar la buena fama del contendor.

Es claro que la proclama de apertura de la campaña electoral concita mayor interés de la población en las ofertas de candidaturas a la presidencia de la República, un ámbito en el cual los aspirantes deberían centrar sus debates en temas trascendentes de la agenda de urgencias nacionales.

La prensa tradicional todavía se preserva o resiste ante los “fake news”, injurias y afrentas que ya afectan la contienda electoral y que amenazan con convertir la plataforma digital en estercolero, en el que participan mercenarios de unos y otros litorales.

La sociedad dominicana aspira a que partidos y candidatos respeten las reglas de juego establecidas en la ley electoral, así como todas las disposiciones emanadas de la Junta Central Electoral o del Tribunal Superior Electoral, pero, sobre todo que observen y ejerzan un comportamiento alineado con la decencia y al respeto al derecho ajeno.