El juez de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Justiniano Montero, sostuvo que la falta de respeto a los derechos fundamentales de las personas y el manejo de los datos personales en el contexto de la comunicación y la tecnología, constituye un desafío puntual para el poder judicial.
El magistrado, especialista en Derecho Civil, explicó que otra meta importante es educar a los actores que intervienen en el Sistema de Justicia, entre ellos al Ministerio Público, la Policía Nacional y los órganos investigativos del Estado donde, a su entender, debe prevalecer una visión de la ética pública y de los derechos humanos, como entorno de convivencia y de salvaguarda a la paz social y protección a la ciudadanía, que deben respetar las informaciones sensibles que tiene un proceso judicial.
El jurista sostuvo que la protección de datos también está salvaguardada en la Ley 172-13, que tiene como objetivo la protección integral de los datos personales asentados en archivos públicos como privados.
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Refirió que la ley de Uso de Medios Digitales establece que hay que preservar el nombre, los datos sensibles que se pueden suscitar en un proceso, preservar la privacidad del domicilio, de imagen y que los datos deben ser íntegros, convincentes y confidenciales.
“El derecho a la publicidad del expediente judicial no puede prevalecer por encima de lo que son los datos personales, de lo que se deriva que hay que matizar una fórmula idónea para preservar ambos contextos jurídicos. En ese orden las cosas que no interesan a la transparencia no tienen por qué exponerse”, explicó.
Asimismo sostuvo que en la Ley 4-23 sobre Actos del Estado Civil, se consigna el uso de los datos biométricos, la recopilación y tratamiento debe hacerse respetando la intimidad de las personas. Igualmente, como lo establece la 136-03 que crea el Código para el Sistema de Protección y de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, cuyo artículo 18 reconoce el derecho al honor, reputación e imagen.