En la década de los años 70 del siglo XX fue creado un estupendo programa de televisión que se llamó Juicio a los Grandes, dirigido por el inolvidable Rafael Haza del Castillo (Felo), quien fungía de fiscal, su hijo Orlando y el gran actor Ramón Pera Martínez (El Pera).

Cada sábado, Juicio a los Grandes “juzgaba” las inconductas de funcionarios públicos sin mencionar sus nombre para no vulnerar la ley 1632 de Difusión y Expresión del Pensamiento, pero todos intuíamos a quien se aludía en forma subliminal, y el mensaje era percibido por los televidentes.

Era el trayecto terrible de los llamados Doce Años del presidente Joaquín Balaguer, la corrupción, que ha existido siempre, eran minutas, chilatas, comparada con la que desborda los entornos del oficialismo hoy, denunciada por diferentes vías, inclusive en los tribunales, donde no es posible apreciar ni una condena, es decir, que reflota en el ambiente, que casi se puede tocar por su densidad, el flagelo cómplice de la impunidad.

Resulta una cotidianidad marcada por la condición de país donde todo es posible, donde las extravagancias más aberrantes suceden sin que muchos se alteren, país insólito como insistía calificar el inmenso internacionalista y preclaro escritor Manuel Arturo Peña Batlle, una lacra más entre las que denotan el desorden y la apatía de la hipertrofiada burocracia estatal, el dominio de los espacios públicos por toda suerte de comercios formales e informales, haitianos ilegales la mayoría los primeros, la haitianización absoluta del país, que para la fusión de la isla en un solo Estado solo falta la proclamación formal, resultado fatal enrrostrado al presidente Leonel Fernández por demorar ocho años publicar el reglamento de la Ley 285-04 que regula la política migratoria del Estado dominicano.

La evocación y reflexión de Juicio a los Grandes es consecuencia de interpretar como se persigue la corrupción en España, donde Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina, inclusive ésta, son enjuiciados por el escándalo del caso Nóos donde se birlaron 9 millones de euros, y en declaración recogida por el madrileño diario El País del día 3 de este mes, la infanta Cristina exigió que se le juzgue como a cualquier ciudadano, una muestra de valor que no pocos hombres debieran asumir.

El día 1 de este mes de julio, los cables internacionales de prensa señalaban que el ex presidente de Francia, Nicolás Sarcozy, era detenido acusado de un financiamiento irregular en su campaña electoral, inclusive de recibir recursos del ajusticiado dictador libio Muammar El Gadafy

En Argentina, el ex presidente Carlos Saúl Menem es hoy procesado por un caso de corrupción que le atribuye vender tierras del Estado en Buenos Aires a la Sociedad Rural a precio vil por 30 millones de pesos argentinos, pero que los tasadores evaluaron en 131.8 millones de pesos argentinos, y el ex gobernante no está en su mejor momento hoy, porque está en la disyuntiva de aclarar todo lo concerniente a esa operación visiblemente dolosa.

Los casos más notorios y recientes de supuesta corrupción en nuestro país resultan los del ex ministro de Obras Públicas, ingeniero Víctor Díaz Rúa y del senador Félix Bautista, acusados de malversación de fondos y de enriquecimiento ilícito, y anterior, el del ex presidente Leonel Fernández, acusado de presunta corrupción por el ex fiscal del DN, doctor Guillermo Moreno, indagando la procedencia de los recursos por RD$182 millones para edificar FUNGLODE.

El día 9 de este mes, el diario El Caribe insertaba comentarios de la presidenta de la Cámara de Cuentas, doctora Licelott Marte de Barrios, y entre otras variantes de corrupción, citó que hay cabildos que archivan documentos en fundas para zafacones, destacando que los cabildos manejan más de RD$20 mil millones al año, sin reportar como es debido el destino de esos cuantiosos recursos surgidos de las cargas fiscales ciudadanas.

En el país hay instituciones oficiales que atañen por ley vigilar, dar seguimiento y encauzar casos donde detecten actos irregulares en el manejo de los recursos del contribuyente por funcionarios del Estado, como son la Dirección de Persecución de la Corrupción, la Procuraduría Especializada de Persecución Contra la Corrupción, encargada del DEPRECO y el DPCA, organismos infuncionales, anquilosados por la herrumbre del Comité Político del PLD llamado la OTAN.

El santiagués diario La Información, ilustró en relación a la difusa corrupción que percibe la ciudadanía, en su editorial histórico del día 10 del presente mes, exhortando al presiden te Danilo Medina a asumir en serio el combate al flagelo que padece la ciudadanía, peor que la indetenible delincuencia y crímenes, sicariato, narcotráfico cada vez mayor y peligroso, deforestación galopante en talas de pinos y ruina de los afluentes con las depredaciones criminales de las intocables granceras y el envenenamieto y polución de todos los acuíferos.

Resulta jalda arriba pretender que algún funcionario del gobierno actual resulte condenado por prevaricación, habida cuenta de que es sabido como el ex presidente Leonel Fernández desplegó toda una estrategia para controlar los organismos decisorios del Estado, incluyendo la judicatura, en una situación muy similar a la que arbitró el presidente Balaguer donde los jueces presidentes de las cámaras penales eran militares.

Ante la coyuntura de la judicatur, solo la actitud resuelta de los ciudadanos podría superarla, como resultó en los casos de la cementera en Los Haitises, el 4% del Presupuesto para la Educación.