He expresado en distintas ocasiones mi desacuerdo con el tribunal constitucional aprobado en la sesión de ayer, lo propio que con la integración al Consejo de la Magistratura del Procurador, pues salvo que una tercera fuerza electoral no quiebre el bipartidismo predominante, le otorga al jefe de Estado mayoría en dicho organismo.

Tampoco estoy de acuerdo con que la Cámara de Diputados pueda someter políticamente ante el Senado a los jueces de la SCJ, audacia a través de la cual los legisladores pretenden ejercer influencia sobre el Poder Judicial. No me cabe duda de que cuando diputados o senadores acusen interés en la suerte de un proceso judicial, tratarán de valerse de esta flamante potestad para infundir terror y ser favorecidos.

Hemos olvidado que entre 1966 y 1997 la justicia devino en cloacal, porque los jueces, que eran designados por el Senado, decidían muchos asuntos de conformidad con las instrucciones que les impartían los senadores a quienes les debían sus nombramientos. Y es justamente hacia esos tiempos de dolorosas injusticias que los asambleístas quieren conducirnos con sus infortunados partos sustantivos.

Esta Constitución no será la expresión de la voluntad plural de sus revisores, sino de la de Leonel y Miguel, cuyo pacto castró el derecho de estos últimos de aprobar o rechazar, en atención a sus criterios, las reformas propuestas por el Poder Ejecutivo. Lastimosa enseñanza de que el Congreso no es independiente. Se ha perdido una importante batalla, pero los que aspiramos a vivir en una sociedad democrática, sin las odiosas intromisiones de un poder en otro, seguiremos abogando denodadamente para que estos penosos retrocesos sean dejados sin efecto por una Asamblea Constituyente.