Con el envío a juicio de fondo de 23 de 27 encartados en la presunta red de corrupción Antipulpo, la condena en juicio abreviado a otros tres y la extinción de la acción penal en favor de otro, ese sonado expediente penal arriba a su última fase en primera instancia.
El juez Deiby Timoteo Peguero acogió dictámenes del Ministerio Público en lo referido a apertura de juicio y en acuerdos de admisión de culpabilidad con los imputados Francisco Pagán y Juan Esteban Suriel, condenados a cinco años de prisión, Lewin Ariel Castillo, a tres años y Domingo Antonio Santiago, quien obtuvo el beneficio de extinción de la acción penal.
Los hermanos Alexis y Magalys Medina Sánchez, junto a otros 21 encartados fueron remitidos a juicio de fondo por el magistrado Peguero al entender que las pruebas presentadas en su contra comprometerían su responsabilidad penal.
Corresponde a imputados, abogados y fiscales valorar la sentencia de referencia y sus consecuencias jurídicas, pero queda claro que ese expediente ha ingresado en fase conclusiva, aunque se prevé que la audiencia de fondo estará matizada por muchos incidentes procesales y ásperos discursos de cargo y descargo.
A los jueces que les corresponda ventilar ese juicio con ribetes de histórico tendrán la responsabilidad de defender la integridad del orden judicial mediante la garantía de respeto al debido proceso e igualdad de trato hacia las partes litigantes.
No resulta ocioso recordar que el Código Procesal Penal despojó al juez de atribuciones divinas o “íntima convicción”, al limitar su accionar al análisis de pruebas y evidencias de cargo y descargo, tras lo cual queda compelido a pronunciar sentencia debidamente motivada.
La sociedad aspira a que los tribunales de la República garanticen sana administración de justicia sin que se improvisen paredones judiciales ni se pronuncien penas anticipadas, por lo que el juicio de fondo en el caso Antipulpo debe servir para consolidar la transparencia, independencia y rectitud de la justicia.
Además de perseguir la comisión de crímenes y delitos y de formalizar la acusación contra imputados, el Ministerio Público no debería olvidar su misión de auxiliar de la justicia y de garante de los derechos de propios procesados. Pase lo que pase, a los intervinientes en ese juicio de fondo sólo les queda reclamar justicia en buen derecho.
