Editorial Opini贸n

Juicio de fondo

Juicio de fondo

Con el env铆o a juicio de fondo de 23 de 27 encartados en la presunta red de corrupci贸n Antipulpo, la condena en juicio abreviado a otros tres y la extinci贸n de la acci贸n penal en favor de otro, ese sonado expediente penal arriba a su 煤ltima fase en primera instancia.

El juez Deiby Timoteo Peguero acogi贸 dict谩menes del Ministerio P煤blico en lo referido a apertura de juicio y en acuerdos de admisi贸n de culpabilidad con los imputados Francisco Pag谩n y Juan Esteban Suriel, condenados a cinco a帽os de prisi贸n, Lewin Ariel Castillo, a tres a帽os y Domingo Antonio Santiago, quien obtuvo el beneficio de extinci贸n de la acci贸n penal.

Los hermanos Alexis y Magalys Medina S谩nchez, junto a otros 21 encartados fueron remitidos a juicio de fondo por el magistrado Peguero al entender que las pruebas presentadas en su contra comprometer铆an su responsabilidad penal.

Corresponde a imputados, abogados y fiscales valorar la sentencia de referencia y sus consecuencias jur铆dicas, pero queda claro que ese expediente ha ingresado en fase conclusiva, aunque se prev茅 que la audiencia de fondo estar谩 matizada por muchos incidentes procesales y 谩speros discursos de cargo y descargo.

A los jueces que les corresponda ventilar ese juicio con ribetes de hist贸rico tendr谩n la responsabilidad de defender la integridad del orden judicial mediante la garant铆a de respeto al debido proceso e igualdad de trato hacia las partes litigantes.

No resulta ocioso recordar que el C贸digo Procesal Penal despoj贸 al juez de atribuciones divinas o 鈥溍璶tima convicci贸n鈥, al limitar su accionar al an谩lisis de pruebas y evidencias de cargo y descargo, tras lo cual queda compelido a pronunciar sentencia debidamente motivada.

La sociedad aspira a que los tribunales de la Rep煤blica garanticen sana administraci贸n de justicia sin que se improvisen paredones judiciales ni se pronuncien penas anticipadas, por lo que el juicio de fondo en el caso Antipulpo debe servir para consolidar la transparencia, independencia y rectitud de la justicia.

Adem谩s de perseguir la comisi贸n de cr铆menes y delitos y de formalizar la acusaci贸n contra imputados, el Ministerio P煤blico no deber铆a olvidar su misi贸n de auxiliar de la justicia y de garante de los derechos de propios procesados. Pase lo que pase, a los intervinientes en ese juicio de fondo s贸lo les queda reclamar justicia en buen derecho.

El Nacional

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