La decisión de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que ordenó apertura a juicio en contra de varios de los imputados por la venta ilegal del sector Los Tres Brazos, dio ayer cierta esperanza de justicia a miles de los afectados en el desfalco con la venta ilegal de cuatro millones de metros cuadrados de terreno, con lo que se proponían ganar 5 mil millones de pesos.

El tribunal dictó el auto de apertura a juicio en contra de Leoncio Almánzar Objío, Irving Cruz Crespo, Manuel Aybar Ferrando, Carlos Aris Gómez Williams, Julio César Gómez Williams, Juana Inés Gómez Williams, Domingo Gerardo Lebrón de los Santos y Lisetel González, a quienes el MP acusa de estructurar una trama fraudulenta que enajenaban propiedades del Estado y que conminaba a los moradores del popular sector de Santo Domingo Este a comprar los predios en los que llevaban décadas viviendo.

El pasado 29 de julio, procuradores fiscales adscritos a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) presentaron ante el tribunal de alzada un recurso de apelación en el que solicitaban la revocación de la decisión del exjuez Juan Francisco Consoró, quien favoreció con un auto de no ha lugar a Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), así como de otros 16 acusados por la venta ilegal del sector Los Tres Brazos.

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Los jueces Doris Pujols, Rafael Báez e Indhira Montás emitieron el fallo la tarde de este jueves 27 de diciembre.

La procuradora fiscal Rosa Pichardo, una de las litigantes del Ministerio Público en este proceso, declaró a medios de comunicación que, en la próxima etapa de juicio, el órgano persecutor hará valer las pruebas contra los acusados.

Con respecto al resto de los imputados, que no fueron enviados a juicio, la litigante señaló que el Ministerio Público va a estudiar los recursos y dará respuesta en los próximos días.

Según el expediente acusatorio, los acusados en el Caso Los Tres Brazos desfalcaron al Estado con la venta ilegal de cuatro millones de metros cuadrados de terreno, un fraude con el que tenían la expectativa de ganar unos 5 mil millones de pesos.

En todo el proceso judicial, el Ministerio Público estuvo representado, además de Pichardo, por los procuradores fiscales José Miguel Marmolejos, Wagner Cubilete y Aurelio Valdez.