El incremento de la delincuencia en el país no es responsabilidad del Código Procesal Penal, por el contrario es un instrumento a través del cual se persigue y concluye la política criminal del Estado.

El jurista Jorge Lora Castillo consideró que la solución es imponer órganos investigativos eficientes y honestos, que no sean socios de los delincuentes ni vivan de ellos.

Indicó que el código no tiene la culpa del deterioro de la sociedad, de la desigualdad social, y de la lucha de clases, que antes se representaba en las revoluciones, y hoy se representa en la delincuencia común.

Dijo que jóvenes sin trabajo, sin estudio y sin expectativas de desarrollo o progreso, roban a los que más tienen o a aquellos que, dentro del barrio o ensanche sacan la cabeza, viajan, o trabajan para conseguir el diario.

Precisó que trancar al padre, la madre, una hermana, un hermano, o a un tío, de un sindicado en hechos delictuosos, trancar a un ciudadano porque ande en horas de la noche, requisar indiscriminadamente a la ciudadanía, apresar motoristas, mensajeros debidamente identificados, y hombres de trabajo, no es la solución.

Abogó por instituciones policiales efectivas, bien pagadas, con los problemas de vivienda, salud, educación y alimentación de su familia aseguradas.

Planteó la creación espacios y escuelas vocacionales en cada barrio, o sectores de clase media baja, y baja en el país que impartan electricidad, plomería, peluquería, ebanistería, mecánica, técnico de aire acondicionado, bartenders y mozos.