Se ha cumplido el presagio de mansos y cimarrones sobre el apresamiento y sometimiento a la justicia del exprocurador general Jean Alain Rodríguez, por lo que corresponde ahora que acusadores y juzgadores observen y respeten el debido proceso que debe prevalecer aun después que se pronuncie la sentencia irrevocable.

El Ministerio Público no puede ni debe atender vocerías que claman por levantar carpas circenses, como tampoco hace falta soltar fieras de odio o rencor en escenarios del exclusivo dominio de la toga y el birrete, donde en vez de garras y espadas, se exhiben pruebas de cargo y descargo y se invocan leyes y códigos.

Antes de que se produjera el formal arresto de ese y otros encartados, toda Roma fue enterada de los supuestos crímenes y delitos que se les atribuyen, un memorial de agravios que ha debido presentarse primero a la consideración del juez que debe conocer sobre solicitud de medidas de coerción.

Los fiscales cumplen con su deber de investigar, cotejar datos, evidencias, testimonios, interrogatorios o cualquier otro elemento probatorio que consoliden la acusación de naturaleza delictuosa o criminal contra cualquier ciudadano que consideren en conflicto con la ley.

La Constitución de la República y el Código Procesal Penal se encargan también de encomendar al Ministerio Público la custodia y tutela de los derechos de las personas que son objeto de acusación o encarte penal, como la presunción de inocencia, derecho a la defensa y equidad procesal.

A la sociedad no le corresponde escoger por insistencia de megáfonos mediáticos entre el Redentor y Barrabás, porque esa es tarea de los tribunales de la República, ante los cuales un Ministerio Público sereno, valiente y vigoroso presenta su fardo de pruebas contra cualquier imputado sea cristiano o filisteo.

La procuradora general, Miriam Germán, ha levantado un acta de inhibición en todo lo relacionado con el proceso penal abierto contra su antecesor y compartes, en cumplimiento de una promesa que la enaltece, por lo que los procuradores adjuntos tienen el obligado compromiso de actuar a la altura de las circunstancias.

Como se ha invocado en todos los casos penales relacionados con la comisión de corrupción y crímenes conexos, se reitera hoy la aspiración de que el Ministerio Público y el Orden Judicial garanticen el debido proceso, los derechos de los encartados y que las sentencias condenatorias o absolutorias estén sustentadas en las pruebas de cargo o descargo aportadas por las partes, y en la ley. Justicia es lo que se reclama.