El año 2013 ha visto un brote populista que ha permeado todos los Poderes del Estado. Partiendo de la renegociación forzosa del contrato con la Barrick Gold promovida desde el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial se han sentido exhortados a unirse a la borrachera, el primero destapándose con proyectos de ley que van desde hacer de Loma de Miranda un Parque Nacional a reducir la comisión de las AFP, y el segundo encabezado por el Tribunal Constitucional que con sus sentencias TC 167-13 y TC 168-13 ha establecido lo que mi estimado profesor Eduardo Jorge Pratts ha llamado el populismo constitucionalista. Lamentablemente, en nuestro país no se ha hecho un estudio adecuado que verifique el costo de pasadas aventuras populistas, de hacerse es probable que las cuentas nos muestren la realidad del peligroso sendero por el que descuidadamente estamos caminando.

Hoy parece olvidado, pero en el 2004, un desesperado Presidente Hipólito Mejía viendo sus oportunidades de reelección esfumarse, recurrió a una medida populista ensalzando a la población en contra de Unión Fenosa, empresa que tenía la mayoría de las acciones en EDE Norte y EDE Sur, para luego nacionalizarlas con la esperanza de ganarse los aplausos del populacho. Aunque solo algunos se atreven a murmurarlo hoy en día, esa medida dio nacimiento a lo que hoy se conoce como el déficit eléctrico, que para el momento que termine este 2013, desde aquel entonces habrá consumido aproximadamente $10 mil millones de dólares de los bolsillos de los contribuyentes. Para comprender la magnitud del costo que ha tenido esa aventura populista, es en 9 años aproximadamente todo lo que planea obtener República Dominicana de 25 años de la explotación de Pueblo Viejo.
Un breve repaso de nuestra historia como país nos mostraría similares medidas con resultados igual de nefastos. Es poco probable que el balance costo/beneficio de nuestro pasado populista muestre frutos positivos, y que el presente termine distinto.
En vez de obtener ganancias uniformes de la explotación de la Barrick Gold y Goldcorp a lo largo de 25 años, se aceleraron las obligaciones con el Estado para el 2013-2016 para que este reciba aproximadamente 30% de sus ganancias ahora, cuando el oro resulta estar a la baja (y que será así hasta al menos el 2015), y reciba menos en los siguientes 22 años cuando por efectos naturales de la inflación y los ciclos económicos, el oro podría estar más alto.

La prohibición de la explotación en Loma de Miranda como resultado de la sentencia del Tribunal Constitucional y su posible declaratoria como Parque Nacional, implicarían el fin definitivo de las operaciones de Falcondo en nuestro país, con la subsiguiente pérdida de empleos e ingresos impositivos; la reducción de la comisión de las AFP por recelos sobre ganancias coyunturales va a afectar a las pensiones de los trabajadores, probablemente estancando o reduciendo el número de administradoras y obligando a las que están a asumir mayores riesgos en el futuro; la sentencia que de forma retroactiva pretende desconocer la nacionalidad de docenas de miles de personas nos garantiza múltiples condenas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y posiblemente llamará a revisión nuestro estatus en el Departamento de Estado de los EEUU. Esto sumado a un largo etcétera.

por: Orlando Gómez Torres
orlando.gomez@gmail.com