La condena a Lula

El expresidente de Brasil Luiz Inácio «Lula» da Silva ha sido condenado en primera instancia a nueve años y seis meses de prisión por el juez federal Sergio Moro, quien lo halló culpable de supuestamente recibir un soborno por el equivalente de 1 millón 100 mil dólares, de la constructora OAS con los cuales habría adquirido un apartamento en una zona turística de Sao Paulo.
La sentencia ha impactado sobremanera en todo el continente porque se pronuncia contra el mandatario carioca más popular de las últimas décadas, que gobernó a esa nación durante ocho años y que encabeza todas las encuestas para retornar al poder en 2018.
El juez Moro implica también a Lula, de 71 años, en la gigantesca trama corrupta que desvió millones de dólares en la empresa estatal Petrobas.
Aunque el exmandatario se mantendrá en libertad a la espera de los resultados de la apelación, sobre él pesan otros cuatro cargos por el caso Petrobas.
Una prolongada crisis política e institucional convulsiona a Brasil, por sucesivos escándalos de corrupción a causa de los cuales decenas de funcionarios, legisladores y empresarios han sido enviados a prisión y hasta el mismo presidente Michel Temer, quien sustituyó a Dilma Rousseff, es objeto de un proceso penal, por el que podría ser destituido.
Tan dilatada y severa ha sido la crisis brasileña que los procesos abiertos por corrupción han infectado a gran parte de Latinoamérica y a varios países africanos, incluido el expediente de soborno imputado a la multinacional Odebrecht.
El presidente Lula, que gobernó entre 2003 y 2010, se erigió como uno de los jefes de Estado más populares de Brasil, cuya gestión sacó de la pobreza y pobreza extrema a más de 40 millones de brasileños, además de relanzar la economía de esa nación hasta convertirla entre las más pujantes del mundo.
A pesar de los casos judiciales, Lula insiste en presentarse nuevamente como candidato presidencial del Partido de los Trabajadores, para los comicios del próximo año.

Actualmente es uno de los aspirantes con mayor nivel de aceptación en la población.
Sin embargo, la gravísima crisis económica, política e institucional que abate a Brasil, debería servir de espejo y ejemplo a todos los gobiernos del continente, que deberían estar claramente advertidos sobre el terrible daño que la corrupción inflige a los pueblos y a sus democracias.