La lucha contra la corrupción durante los últimos 10 años de Gobierno del doctor Joaquín Balaguer (1986-1996) se centró en la persecución política, basada —según sus críticos— en el odio y el rencor, principalmente contra el expresidente Salvador Jorge Blanco, cuyo expediente terminó, como muchos otros, prácticamente en nada.
En 1986 regresó al poder un Balaguer con un discurso enfocado en combatir la corrupción administrativa, aunque sin incluir en los expedientes a sus colaboradores más cercanos.
Su cruzada contra ese flagelo resultó contradictoria: utilizó el tema como arma política para llegar al poder, pero una vez allí fue permisivo con sus propios funcionarios.
El llamado “Ajuste de Cuentas”, orientado a una supuesta “limpieza administrativa y sanción moral”, derivó en una persecución judicial sin precedentes contra el gobierno saliente del PRD.
El objetivo principal era acusar al expresidente Salvador Jorge Blanco de malversación de fondos en compras de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (sobrevaluación de adquisiciones). Para esos fines designó como procurador general de la República al doctor Ramón Pina Acevedo.
Resultado
Jorge Blanco fue acusado de un desfalco superior a RD$25 millones (una cifra elevada para la época) y condenado a 20 años de prisión en 1991 por el juez Juan María Severino. También fue sentenciado al pago de una multa de RD$100 millones.
Fue condenado junto a otros exfuncionarios, entre ellos Rafael Flores Estrella, exsecretario administrativo de la Presidencia, y Manuel Antonio Cuervo Gómez, mayor general y exsecretario de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, permanecieron apenas meses en prisión.
Jorge Blanco estuvo aproximadamente dos meses y medio en prisión preventiva. También permaneció asilado en la Embajada de Venezuela y recibió tratamiento médico en Estados Unidos.
El expediente fue prácticamente engavetado durante su estadía en EE. UU. y no fue hasta 2001 cuando volvió a la luz pública.
En ese año, al preguntársele al entonces presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, doctor José Arturo Uribe Efres, sobre el destino del expediente, respondió que desconocía su ubicación. Al día siguiente, el periódico El Nacional tituló: “Desaparece expediente Salvador Jorge Blanco”. Posteriormente, el magistrado convocó a rueda de prensa para anunciar su “aparición”.
Su hijo, Orlando Jorge Mera, afirmó que la familia era la más interesada en que se conociera el expediente, convencida de la inocencia del exmandatario.
Finalmente, en mayo de 2001, la Corte de Apelación del Distrito Nacional anuló la condena, luego de que el Ministerio Público desistiera de los cargos.
Otros expedientes
Obras Públicas
Durante la era de grandes construcciones —como el Faro a Colón— se denunciaron sobrevaluaciones y contratos “de grado a grado” sin licitación, atribuidos a un grupo de contratistas conocidos como “los 300 millonarios de Balaguer”. Ninguno fue condenado.
CDE
La antigua Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) fue señalada por presuntos desvíos de fondos y compras irregulares de combustibles, pero el caso no prosperó judicialmente.
Bienes Nacionales
Se elaboró un expediente por la supuesta distribución irregular de terrenos del Estado a allegados del PRSC, sin consecuencias penales.
Lotería Nacional
A finales del mandato de Balaguer estalló un fraude en la Lotería Nacional, consistente en la manipulación de números premiados, atribuido al haitiano Frederick Marzouka.
Aunque se inició la investigación durante ese gobierno, fue en 1997 cuando el caso llegó a los tribunales. Marzouka fue apresado, internado en la Clínica Gómez Patiño y posteriormente se fugó. Años después fue capturado en Brasil y extraditado a República Dominicana, pero logró recuperar la libertad mediante un recurso de habeas corpus. El caso estuvo marcado por la inestabilidad judicial.
Dominicana de Aviación
El expediente de la Compañía Dominicana de Aviación (CDA) es considerado uno de los más graves, por el colapso de la línea aérea estatal.
Se denunciaron pagos millonarios por reparaciones inexistentes, seguros sobrevaluados, nóminas infladas y uso político de la empresa. En 1993, la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU. prohibió a la aerolínea volar a territorio estadounidense por deficiencias de seguridad.
La empresa fue cerrada durante el primer gobierno de Leonel Fernández, dejando cuantiosas deudas laborales.
Fulgencio Espinal
El dirigente del PRD Fulgencio Espinal, exadministrador de la Lotería Nacional, fue acusado de malversación. Salió al exilio hacia Panamá y España, alegando persecución política. Fue condenado en ausencia, pero posteriormente las sentencias fueron anuladas.
Caso CORDE
El expediente de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), bajo la gestión de Paternio Ortiz, incluyó acusaciones de desmantelamiento del patrimonio estatal previo al proceso de capitalización de 1997.
Las denuncias fueron utilizadas como argumento durante el debate de la Ley 141-97, pero tampoco hubo sentencia condenatoria.
