Los participantes en la Cumbre de Unidad Nacional frente a la Crisis Económica Mundial concluyeron sus exposiciones en las siete mesas de trabajo para discutir los principales problemas que afectan a la economía dominicana y al país.
La referida cumbre ha sido una jugada política del presidente Leonel Fernández para borrar la percepción y señalamientos de la sociedad dominicana contra su administración pasada en torno al cuestionable manejo que dio a los recursos del Estado para lograr su continuación como gobernante.
Su capacidad sociológica le permitió junto a su equipo gobernante embaucar a la opinión pública y vender la idea de que su administración ha cosechado significativos éxitos en el manejo de la economía y que si hoy el Producto Interno Bruto (PIB) está en decrecimiento es consecuencia de la grave crisis que afecta a Estados Unidos, Europa, Japón y otras grandes economías.
El gobernante afirmó en foros internacionales que pese a la crisis en las naciones desarrolladas y los efectos que causaban en las economías de los distintos países las alzas contínuas en los precios del petróleo, la dominicana era una economía que estaba blindada y que por lo tanto no sufriría la gravedad de sus efectos.
Fue un discurso electoralista que acogieron funcionarios del equipo económico gubernamental bajo el alegato de que como las empresas dominicanas no cotizan en los mercados de valores mundiales, de que las remesas provenientes de los dominicanos en el exterior ni el turismo habían descendido y de que el país contaba con un PIB superior al de otras naciones, el blindaje estaba asegurado.
Pasadas las elecciones presidenciales, el discurso varió, vinieron los reconocimientos de la realidad de la crisis económica mundial y la justificación de la situación económica del país a consecuencia de ésta y no de los desafueros cometidos durante el proceso electoral.
Y precisamente, como la situación económica era derivada de la crisis financiera y económica de las naciones desarrolladas, para enfrentarla se necesitaba el concurso de las fuerzas vivas de la nación dominicana, una manera de cómo colectivizar las irregularidades y culpas de los déficits presupuestarios y fiscales del Gobierno.
De ahí la convocatoria a la referida cumbre, una manera más de cómo ganar tiempo ante el cúmulo de exigencias de los sectores populares por la solución de los problemas que los afectan.
La jugada política ha sido maestra, pues obligó a los partidos de oposición, a sindicalistas, entidades de la sociedad civil y al empresariado que había hecho muy fuertes críticas al Gobierno a sumarse a la Cumbre o a discutir su participación.
Dos objetivos de esta jugada táctica son: Primero, es que si participan el Gobierno gana tiempo mientras el Presidente y el partido oficial dan muestras de sensatez, de espíritu de concertación y de apertura para tratar temas nacionales y los reclamos sociales que había prometido enfrentar y solucionar, pero que siguen siendo promesas para cuatro años; y segundo, que si no participan no tendrían moral ante la Sociedad para cuestionar al mandatario ni al Gobierno de no cumplir lo tratado, una justificación para desarmar a los opositores, principalmente al Partido Revolucionario Dominicano, y así descalificarlos ante la sociedad en el futuro inmediato.
Gana tiempo, porque mientras los sectores participantes lamen el caramelo de los planteamientos y las discusiones en las mesas conformadas para hacer las sugerencias, incluso su principal contendiente en el seno del PLD, Danilo Medina, puede tranquilamente reelaborar la estrategia para restaurar su maltrecha credibilidad en la sociedad y gobiernos extranjeros y fortalecer su liderazgo en el peledeísmo.
También le daba un respiro para que las organizaciones sociales que participaran en la Cumbre aplazaran la elaboración de planes de lucha en reclamo de la aplicación de adecuadas políticas sociales hacia la educación, la salud y los trabajadores, de mejoras salariales y de empleos, así como de un viraje en la política económica gubernamental.
De ahí que, concientes de esto, los movimientos sociales y políticos y entidades de la sociedad civil organizaran la Cumbre Alternativa, para consensuar sus planteamientos y hacerlos de conocimiento público, sin el cedazo de las mesas coformadas por el Gobierno.
En definitiva, el presidente Leonel Fernández ha ido logrando sus objetivos con el desarrollo de la Cumbre, pues no importa cuanto se plantee en ésta, lo importante es que tiene sentados a opositores y críticos girando alrededor de su estrategia, deteniendo, aunque por un plazo no muy largo, sus reclamos y ataques a través de los medios de comunicación.
Pero una cosa es la Cumbre y los planteamientos allí sugeridos y otra que el Presidente y el Gobierno cumplan con los reclamos principales de la sociedad. Cumplirá sí, pero con los proyectos preelaborados llevados a ésta por los funcionarios, partidos aliados y entidades de la sociedad civil que operan bajo una orientación gubernamental.
Ya el coordinador de la Cumbre, el flamante secretario de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, lo dijo muy bien claro, que el Gobierno sólo cumplirá con las obras y sugerencias que considere prioritario ejecutar, o sea, no las que demanden parte de los sectores como representantes sociales.
Más claro ni el agua limpia.
Como al Presidente no le interesa poner freno en su ejecución presupuestaria ni fortalecer la institucionalidad, no incluyó en la cumbre la discusión del Presupuesto Nacional y mucho menos la reforma constitucional, ésta última porque no le conviene políticamente, debido a que el país podría abocarse el año próximo a una contienda electoral por la renovación del Congreso y los Ayuntamientos.
De esta manera, no se atará y aprovechará las debilidades institucionales, como ocurrió en el proceso electoral pasado, para continuar con su política de uso irracional de los recursos del Estado en provecho político suyo y de un sector de su partido.
De los planteamientos de la Cumbre, no esperemos la aplicación de políticas diferentes a las que forman parte de la estrategia y el programa gubernamental del Presidente Fernández.

