La investigación disciplinaria

POR:  Julio Cury

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El artículo 15 de la Ley No. 133-11 consagra la objetividad como uno de los principios rectores del Ministerio Público, imponiéndoles a sus miembros el deber de “investigar tanto los hechos y circunstancias que fundamenten o agraven la responsabilidad penal del imputado, como las que la eximan, extinguen o atenúen…”.

Una interpretación literal conduciría a descartar la aplicación del referido principio en las investigaciones de faltas disciplinarias conducidas por la Inspectoría del MP. Ahora bien, el mismo artículo 15, en su primera parte, señala que con criterio objetivo puede el órgano persecutor garantizar “la correcta aplicación de las normas jurídicas”, lo que en mi opinión descarta que la objetividad sea únicamente exigible en la investigación penal.

Pero aún no fuese así, el sistema literal ha sido descartado; no hace mucho que el Tribunal Constitucional del Perú consideró que “en materia de derechos fundamentales, el operador judicial no puede sustentar sus decisiones amparándose en una interpretación literal, ya que rara vez la solución de una controversia en este ámbito puede resolverse apelándose a este método de interpretación”.

Redirigiendo la vista sobre el artículo 15, es claro que al establecer la objetividad como principio, el legislador pretendió dotar al MP de un papel neutral durante la fase investigativa, por lo que su desempeño, tanto en los asuntos represivos como disciplinarios, debe ser equidistante de las partes instanciadas.

De ahí que en la fase investigativa de un hecho cuya eventual comisión apareje sanciones disciplinarias, el MP tiene que permitirle al procesado contradecir la falta imputable, garantía que prevé en su favor nuestra Constitución y tratados internacionales sobre DDHH, textos éstos a los que el MP debe someter todas y cada una de sus actuaciones.