El Senado de la República tradicionalmente ha tenido la prerrogativa constitucional de escoger a los miembros de la Junta Central Electoral. Esta misma semana entrevistó a decenas de profesionales del derecho y en los próximos días seleccionará a los cinco que constituirán el máximo organismo electoral, con la encomienda fundamental de organizar los comicios presidenciales del 2012.

Múltiples entidades ponderan a candidatos determinados, y es su derecho. A lo que no tienen derecho es a presionar a la comisión senatorial que tiene bajo su encargo la evaluación de postulantes, para finalmente presentarle al pleno del hemiciclo el quinteto seleccionado.

Supe que la comisión senatorial, que encabeza la senadora Cristina Lizardo, es sometida a presiones por diferentes sectores de la sociedad civil, llegando, en algunos casos, al extremista uso del chantaje. Entre los sectores que luchan para que le coloquen a su gente se menciona al empresariado y a la Iglesia Católica.

Esos dos sectores objetan al doctor Roberto Rosario para la presidencia de la Junta Central Electoral y hasta ignoro las razones, aunque se murmura que el actual presidente de la Cámara Administrativa carece de abolengo, no es un hombre de la Iglesia y tiene simpatía peledeísta.

Todos sabemos que Roberto Rosario proviene del PLD, pero durante su paso por el máximo tribunal electoral se ha manejado con mucho equilibrio político, ganando el reconocimiento, inclusive, de los delegados de los partidos opositores. Los demás pretextos, a mi juicio, resultan infelices.

La sociedad dominicana simplemente requiere de una JCE que organice un certamen transparente.

Ojalá y la comisión senatorial, que tiene la misión de evaluación de los candidatos, actúe de forma justa y equilibrada. Y que contemos con magistrados ejemplares por el bien de la democracia.