Juan Taveras Hernández
Siempre he dicho que “los cambios”, que prometió el presidente Luís Abinader debieron comenzar con el sistema de justicia del país, que era absolutamente necesario transformar la justicia dominicana en su composición.
Un entramado en el que participan funcionarios, abogados, policías, periodistas, fiscales, jueces y militares impide el establecimiento de un verdadero Estado de Derechos, donde todos los ciudadanos sean medidos y juzgados en igualdad de condiciones a partir de lo que establecen la Constitución y las leyes, sin discriminaciones económicas, políticas y sociales.
De igual manera, debo confesar, no estuve de acuerdo con la creación del Tribunal Constitucional, por ser un extra poder cuyas decisiones, en casi la totalidad de los casos, no son recurribles ni apelables, dándole una fuerza plenipotenciaria a un grupo de personas que no fue elegida por el pueblo, que fue seleccionada por un grupo de políticos con intereses clasistas muy bien definidos.
Los jueces del Tribunal Constitucional son dioses. El “hombre del maletín”, famoso en todos los gobiernos, también es otro Dios, ¡Intocable! La justicia dominicana jamás lo tocará porque ella también ha sido beneficiada por sus aportes económicos.
(Una fuente de entero crédito me informó que, para aprobar los préstamos y contratos millonarios de Odebrecht, para la construcción de carreteras, puentes y otras obras públicas, se aprobó en el Congreso, clandestinamente, un impuesto millonario por cada proyecto sancionado positivamente). Algunos senadores y diputados fueron usados de tontos útiles, nada más.
Dirigentes de la mayoría de los partidos, funcionarios de todos los gobiernos, unos más que otros, fueron sobornados por el hombre del maletín contratado para esos fines, por Odebrecht. Había patanas llenas de pruebas. Los documentos fueron incinerados por el Ministerio Público de Danilo Medina para que nadie hallara culpables en el momento de una investigación mínimamente seria. Todo se hizo exprofeso. Los hechos posteriores así lo demuestran.
Cuando leí en los diarios la decisión del Tribunal Constitucional con relación al expediente de Odebrecht, no pude menos que sentirme avergonzado. La rabia y la impotencia se apoderaron de mí como pocas veces. ¡Estallé en colera! Por suerte, no fui yo solo.
Escuché al buen amigo Ricardo Nieves igualmente indignado. Supongo que muchos otros hombres y mujeres de los medios de comunicación se sintieron burlados.
Significa que la magistrada Miriam Germán tenía razón cuando dijo que el expediente Odebrecht estuvo políticamente elaborado para impedir que se hiciera justicia, que los políticos, funcionarios, diputados, senadores y alcaldes sobornados por la empresa brasileña no terminarán en la cárcel.
