La sentencia del Tribunal Constitucional que valida el decreto que concede exenciones fiscales para empresas de zonas francas radicadas en la frontera, constituye un duro revés para gremios empresariales que habían denunciado como un privilegio que fomenta la competencia desleal.
La Alta Corte dictamino que el Decreto 36-02, del 1 de enero de 2002, se ajusta a la carta Magna por no resultar violatorio a la libertad de empresa ni de los principios de igualdad jurídica, como tampoco de la obligación del Poder Ejecutivo de someter al Congreso los contratos de concesión y exención fiscales.
Numerosas empresas operan en la franja fronteriza amparadas en esas exenciones fiscales desde la cual suplen al mercado interno, lo que ha sido objetado por competidores obligados a pagar impuestos exonerados a esas instalaciones. Dura es la ley, pero es la ley. El Gobierno tendrá que buscarle una solución al problema por otra vía.
El Nacional
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