Como es normal, en todos los países existen personas que le dedican a la actividad política cinco, siete, nueve y hasta más horas al día; y nosotros sabemos que nuestro país resulta ser un ejemplo palpable de lo que estamos afirmando, ya que un sinnúmero de ciudadanos parece llevar la política en la sangre.

En realidad, esa acción no está mal; siempre y cuando los actores, conocidos como activistas políticos, sean portadores del tiempo suficiente para tal fin.

Ahora bien, quienes viven de y para la actividad política, al momento de ocupar un cargo de alto nivel (entiéndase ministro o viceministro, director o subdirector general o nacional, administrador o subadministrador, gobernador civil o cualquier otra posición cuyo nombramiento provenga del Poder Ejecutivo), han de tener por sabido, antes de finalizar la primera semana de su gestión, que una cosa son las prácticas de índole política y otra las estrictamente administrativas.

Si, como ser humano, pecador por naturaleza, un funcionario no resulta ser lo suficientemente capaz como para dejar debidamente establecido la desigualdad que existe entre el compromiso político y el compromiso gerencial, pues, fácilmente, el tiempo que permanezca en sus funciones podría convertirlo en un futuro cliente no deseado de los organismos del Estado llamados a supervisar, fiscalizar y exigir el buen comportamiento de las personas cuando tienen bajo su responsabilidad el administrar de manera pulcra y como Dios manda los bienes públicos.

De no asumir como cierta esta diferenciación, su paso por la administración pública, podría convertirse en un verdadero fiasco; para lamento de su familia, la sociedad, y, por supuesto, para desconcierto de quien, confiando en él, lo nombró en tan comprometedora posición.

Se hace necesario que el nuevo funcionario acepte como un hecho cierto que en esta nueva gestión pública lo conocido como parasitismo (modo de vida de algunas personas que al recibir un nombramiento no realizan ningún servicio) no tiene, ni debe tener, ninguna posibilidad de retorno o crecimiento como para pretender apoderarse, otra vez, de las empresas del Estado.

Testigos oculares fuimos de todo lo acontecido durante las décadas del setenta, ochenta y noventa; cuyas consecuencias resultaron desastrosas no sólo para el proceso de madurez y modernización de nuestra administración pública; sino también para el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Y, como si fuera poco, en donde la falta de vergüenza parecía tener bajo su dominio a la moral pública.

Por suerte, consideramos que los nuevos tiempos han traído nuevos retos; y éstos, a su vez, nuevos funcionarios defensores de su moral pública. Que así sea.