La semana pasada, quizás porque se huele el advenimiento de más impuestos en su dirección, el CONEP batió la campana que yo he estado sacudiendo por meses respecto de la elevada presión tributaria (no confundir con la fiscal) a la que está sometido el país. Agradeciendo primero al CONEP por hacerse eco de lo que ya había dicho hasta la saciedad, ahora hablemos un poco de lo que yo medagalanariamente llamo la presión empresarial.

La presión empresarial consiste en el costo de las diversas distorsiones generadas por el sector privado, explotando las mismas debilidades institucionales que critican, sobre la economía. Esto en detrimento de los contribuyentes, consumidores, otros competidores y el mismo Estado.

A nadie sorprende escuchar como asociaciones de empresarios anuncian precios acordados en conjunto para los bienes o servicios que proveen. Esto es ilegal, pero al ser común y al ellos ser la producción nacional, no solo no se dice nada, son apoyados por el Estado y la supuesta opinión pública.

Y así las cosas, algunos empresarios aprovechan las asociaciones para llegar a acuerdos y deprimir sus precios para sacar a algún competidor del mercado, o fijarlo para no pisarse la manguera entre ellos y manipular el comercio, ajeno a las condiciones reales de la demanda, como ocurre en el país con el transporte, las escuelas privadas y con todo bien o servicio.

Llama la atención el sector agropecuario. Estoy sorprendido de que haya gente que todavía se aventure a invertir en eso si cada mes que pasa se va a estar llorando porque no aparece financiamiento, porque algún importador está haciendo competencia, o el gobierno no pasa un subsidio, o porque siempre se están yendo a la quiebra.

O son masoquistas o son mentirosos, y como dudo que exista gente que disfrute tirar dinero por el inodoro, me inclino por lo último. Obviamente, es más barato tocar los botones políticos al gobierno llorando por la producción nacional para que pase dinero, que hacer su producción más eficiente y adecuada para competir.

Y no podemos olvidar la presión por chantaje, soborno o campaña mediática que se ejerce para que sea el mismo Estado que les proteja poniendo trabas a sus competidores, ganándonos varias demandas internacionales al pasarnos la mayoría de los acuerdos comerciales por el forro para hacerlo.

La presión empresarial provoca precios inflados artificialmente, disminuye la demanda general de bienes, neutraliza la oferta laboral, deprime la calidad de los salarios, afecta la calidad de los bienes y servicios y promueve la falta de transparencia en los sectores público y privado, lo que a su vez impacta en la recaudación fiscal del Estado, promueve la informalidad de la economía, hace la inversión en el país más costosa y menos atractiva, y succiona su capacidad competitiva.

Creo firmemente que la inversión privada es y debe ser el principal pilar del desarrollo de la nación. Pero cuando ésta funciona igual que como lo hace el Estado, terminará siendo igual de destructiva, y eso es lo que tenemos en República Dominicana. Si bajamos tanto la presión tributaria como la empresarial, quizás empecemos a llegar a algún lado.