Sin adelantar juicios de valor sobre ventajas o perjuicios atribuidos al contrato de ampliación por otros 30 años de la concesión que usufructúa la empresa francesa Vinci Airports de los aeropuertos del Estado, es pertinente advertir que la prisa siempre ha sido mala consejera.

La revisión de ese contrato, cuyos términos esenciales fueron expuestos por el presidente Luis Abinader durante una comparecencia por televisión, se produjo siete años antes de que concluyera un primer convenio, también formalizado por tres décadas.

Conforme a lo convenido, el Gobierno recibiría en un plazo de seis meses US$775 millones por derecho de operación; una inversión de US$830 en mejora de seis aeropuertos, incluido la construcción de una terminal adicional en el de las Américas, y entre 300 y 350 millones de dólares por otros aportes variables
El presidente Abinader adelantó que los recursos que recibiría el Gobierno se emplearían en la repavimentación de las calles aledañas al aeropuerto, tres puentes sobre el río Ozama, tres elevados, un hospital traumatológico, entre otras obras.

No resulta razonable que un contrato de esa naturaleza, cuyos efectos jurídicos se prolongarían por 37 años, haya sido revisado y aprobado por la Cámara de Diputados, literalmente en menos de lo que pestaña un pollo, después de una breve revisión y apresurado asentimiento por una comisión de ese hemiciclo.

Lo sensato sería que todo lo relacionado con ese convenio sea objeto de amplio análisis y discusión a partir de sus efectos jurídicos, sus ventajas pecuniarias, su comparación con convenciones similares arribados por esa empresa en otros países, así como también la legalidad o pertinencia de las vías de contratación.

Es posible que los términos de renovación de la concesión de operación de los seis aeropuertos del Estado con la misma empresa que los usufructúa constituya una negociación ventajosa, pero el Gobierno está compelido a garantizar el principio de transparencia, publicidad y legalidad.

Se resalta que el Poder Ejecutivo hizo aprobar en el Congreso un estatuto que, para los fines de la renovación del contrato con Aerodom, anuló los alcances de ley sobre compras y contrataciones públicas que obligaría a la convocatoria de una licitación pública internacional. No hay razón para tanta prisa.