Recuerdo haber leído en Hechos de los Apóstoles que existía un mago llamado Simón, venerado por los habitantes de Samaria, quienes engañados por sus habilidades mágicas le atribuían el don divino de obrar milagros. En cierta ocasión, encontrándose Juan y Pedro en el pueblo samaritano, Simón se aventuró a proponerles dinero a cambio del sagrado privilegio de impartir el Espíritu Santo, propuesta que ambos apóstoles repudiaron.

En alusión a aquel impostor, la posteridad llamó simonía al «pecado de comprar y vender cargos espirituales o promociones eclesiásticas», que de acuerdo con el texto citado, llegó a ser muy común entre los miembros de la Iglesia de la antigua Roma. En épocas recientes, ha sido juzgado que el sacerdote que orienta la influencia de su investidura para amparar intereses extraños, incurre igualmente en simonía.

No faltan entre nosotros los que se quejan de la participación activa de miembros encumbrados de la Iglesia en asuntos de negocios y políticos, llegando incluso a encasillarnos dentro del proverbio «A Dios rezando y con el mazo dando». No deja de ser un irrespeto enjuiciar tan deportivamente las virtudes cristianas de nuestros sacerdotes y obispos, cuyas infatigables solicitudes por todas nuestras almas han diseminado la paz en la familia dominicana.

Sin embargo, creo también que las oraciones de las autoridades eclesiásticas deberían ceñirse a la santa devoción por el Creador, su hijo y la Virgen María. Confieso ignorar si de conformidad con el Código de Derecho Canónico, el ejercicio sacerdotal es compatible con esos oficios, y pido excusas a la Iglesia Católica si al escribir este trabajo he pecado de imprudente. Pero como bien decía el Barón de Humboldt, el mejor medio para conocer la verdad es inquiriendo acerca de aquello que desconocemos, razón por la que insisto con todo respeto en preguntar si las autoridades católicas, sin cometer simonía, pueden poner sus altas investiduras al servicio de intereses políticos o comerciales.