El Día del Poder Judicial, que se conmemora hoy, sorprende a la judicatura dominicana con más debilidades que fortalezas, afanosa aun por lograr plena independencia política y económica para cumplir con su papel de árbitro entre los demás poderes del Estado, garante de los derechos ciudadanos y tutelar de la leyes.
La sana administración de justicia, en sus más altos estándares, es tarea aún pendiente, aunque se admite que se ha recorrido un gran trecho desde cuando los puestos de jueces se distribuían entre legisladores y las sentencias se redactaban en oficinas de abogados.

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) designa a los miembros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y del Superior Electoral (TSE), lo que no ha sido suficiente para garantizar absoluta autonomía del Poder Judicial.

Mediante esa modalidad, el partido político que tenga más representantes en el CNM escoge la mayoría de los jueces bajo una forma que compromete a los escogidos a observar un patrón de adhesión o sumisión al Poder Ejecutivo o a intereses accesorios, aunque se resalta que no pocos magistrados actúan con notable independencia.
Se considera como un significativo logro la creación del Consejo del Poder Judicial a cargo de tutelar la designación por vía de concursos de oposición de jueces de jurisdicciones menores, así como de fiscalizar su desempeño, pero aun así son recurrentes las denuncias de venalidad en tribunales y cortes.

El Poder Judicial ha sido subyugado por el Ejecutivo que viola la ley que asigna el 5% del Presupuesto Nacional a la Judicatura, lo que impide que la Suprema Corte de Justicia pueda emprender programas de modernización y equipamiento del Orden Judicial, entre lo que se incluye la construcción de nuevos Palacios de Justicia.

La Constitución de la República obliga al juez a descender del trono divino en el que se encontraba, para limitar su ejercicio al examen de las pruebas de cargo y descargo y estatuir de conformidad con los hechos y el derecho, sin la sombrilla de “su íntima convicción”, ni espacio para la prevaricación.

El presidente de la SCJ, magistrado Luis Henry Molina, y los demás jueces de esa alta corte, tienen el ineludible compromiso de trabajar arduamente por alcanzar la plena independencia del Poder Judicial y lograr que la judicatura se eleve al más alto pedestal de credibilidad y prestigio ante una sociedad que todavía hoy desconfía en la toga y el birrete.