El Ministerio Público debe conducir hasta las últimas consecuencias las investigaciones que realiza en torno a la muerte en el barrio Capotillo de dos vendedores de piñas, durante un supuesto intercambio de disparos entre agentes antidrogas y civiles, que dejó saldo también de tres heridos, uno de gravedad.

Llama la atención que ninguno de los fallecidos ni de los heridos haya sido sindicado por las autoridades como presuntos narcotraficantes, sino que sus propios vecinos los señalan como ciudadanos laboriosos, cuyas faenas se iniciaban desde la madrugada en el Mercado Nuevo de la avenida Duarte.

Tampoco los agentes actuantes han podido demostrar que sus vidas corrían peligro, como tampoco se han presentado casquillos de balas disparadas por armas diferentes a las de los agentes actuantes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Por lo que se ha dicho, durante esa balacera sólo cayeron abatidos o heridos personas trabajadoras, sin que se sepan nombres de supuestos narcos a los que se perseguía o se habrían ubicados, como si los disparos se realizaran en dirección equivocada.

Las indagaciones sobre esa tragedia no pueden limitarse a cumplir el requisito burocrático de llenar papeles ni a evadir bultos, porque en ese extraño operativo murieron dos ciudadanos decentes y trabajadores que las autoridades no han involucrado en ningún acto delincuencial.

Con frecuencia se reportan casos de muertos o heridos durante supuestos intercambios de disparos entre autoridades y antisociales, sin que se realicen investigaciones serias o precisas que permitan saber si realmente se trató de una confrontación con delincuentes o de un burdo exceso policial.

No por residir en un barrio marginado o populoso se puede presumir que las personas son delincuentes peligrosos, que andan armados y que disparan contra las autoridades. Para todo, hasta para disparar a matar, las autoridades deben cumplir con un exigente protocolo, que al parecer no fue observado en la tragedia de Capotillo.

El Nacional promete dar seguimiento a las investigaciones sobre el supuesto tiroteo durante el cual cayeron abatidos Porfirio Sánchez Estévez y Hansel Arias Cornielle, porque este caso no debe engavetarse impunemente.