Mucho revuelo ha causado la noticia del secretario de Hacienda de que la nueva Ley de Presupuesto violenta unas 24 leyes que estipulan asignaciones presupuestarias para distintos renglones del gasto estatal. Pero todo el mundo se rasga las vestiduras por la abierta ilegalidad con la que se maneja el gobierno y nadie habla de la grandísima ridiculez legislativa de tener 24 leyes que a lo loco ponen a disponer del dinero del Estado sin ningún tipo de criterio.

República Dominicana tiene el lujo de aceptar una ley que pretende obligar al Poder Ejecutivo a disponer del 4% del PIB para la Educación. Los que hicieron esa ridiculez se quedaron empecinados con las estadísticas de inversión en educación con relación al PIB que todos los años bombea el PNUD, y no se detuvieron a pensar que 4% del PIB representa un poco más del 20% del Presupuesto Nacional actual, suma exorbitante que constriñe a cualquier Estado en sus requerimientos de gastos.

Los mismos que se golpean en el pecho hoy son los que mañana se quejan de que el Estado viva constantemente endeudándose para suplir sus déficits presupuestarios. Y mejor aún, son los mismos que seguramente en el futuro van a violentar las 24 leyes de Bengoa.

El problema no está en el presupuesto, el problema está en el Congreso y la poca seriedad con la que trata la disposición de gastos del Estado.

De momento, y al ritmo que el Congreso se va destapando con sus disparates, para dentro de unos pocos años el 110% del Presupuesto va a estar legalmente comprometido con partidas que no tienen sentido.

Si al 20% de gasto en educación legalmente establecido sumamos el 10% de los ayuntamientos, y cerca del 40% destinado al pago de la deuda externa, ya vamos por el 70% del Presupuesto comprometido, y aún me faltan unas 20 leyes por contabilizar. Así que no se ría de un 110% del presupuesto comprometido, ya que es una posibilidad muy real, gracias a un Congreso que vive en las nubes.

Nuestro país ha crecido con la mentalidad de que el valor de las asignaciones presupuestarias de un Estado se mide en números, y no en sus resultados.

Si el gasto se viera en función de sus resultados no solo haríamos asignaciones de dinero más reales en las distintas áreas donde se involucra el Gobierno, sino que seguramente se cortaría el gasto exorbitante que actualmente representa una enorme cantidad de entidades y empresas estatales.

Recuerdo no hace mucho escuchar al secretario de Educación decir que con un 4% del PIB él no sabría qué hacer, que era demasiado dinero para lo necesitado, y fue bañado en críticas por ello por parte de los mismos que han dogmatizado ciertos conceptos, a pesar de las posibles consecuencias.

Señores secretarios (futuros ministros), por favor, es tiempo de ilustrar a todos sobre la realidad del gasto estatal, no solo para su conveniencia cuando hagan este tipo de declaraciones, sino para empezar algún día un correcto reordenamiento del aparato estatal.