Distorsionar significa torcer, deformar, según lo define el diccionario “Larousse”. La Administración Publica está provista de un ordenamiento legal que pudiera decirse completo; es decir, cuenta con leyes para casi todas las circunstancias posibles.
Sin embargo, adolece de vicios políticos como la demagogia, el clientelismo, el populismo, etc., que la hacen vulnerable a decisiones impropias por parte de los empleados y funcionarios públicos. Esa práctica deriva en desestabilizar el equilibrio económico social de la nación.
El Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente de la República y su gabinete, son los responsables de la Administración Pública, a ellos les compete diseñar y ejecutar las políticas para salvaguardar el patrimonio del Estado. En ese sentido, la prevención a esos males es una respuesta impostergable a los requerimientos de la ciudadanía.
El impacto que produce la aplicación de esos vicios se refleja negativamente en toda la actividad del Gobierno, debido a que, induce a entorpecer el alcance de los objetivos propuestos por las instituciones en el desarrollo de sus planes y proyectos. Además, se incrementan los costos estimados y el tiempo de realización.
Cuando se sugieren los correctivos a los inconvenientes precitados, estos son respondidos con mucha vehemencia, invocando la necesidad de socorrer a “compañeritos” que merecen ganarse el sustento propio y de sus familiares. Eso es muy justo y necesario, pero hay que hacerlo, sin torcer los objetivos de la gestión encomendada al momento de ser designados.
Si las instituciones del Estado fueran gestionadas con apego a las leyes y reglamentos que las rigen; los resultados serían muy diferentes a los que hoy día tenemos, la ciudadanía recibiría servicios eficaces y de mejor calidad, y el equilibrio socioeconómico del país no sería lastimado.
Ojalá se decida hacer un ensayo, aunque fuese con solo una institución, para comparar los resultados. O sea, el antes y el después. Así se pudiera evaluar de manera concreta y objetiva, las ventajas que se derivan de accionar apegados a las normativas vigentes