Articulistas

Las distorsiones

Las distorsiones

Pablo del Rosario

Distorsionar significa torcer, deformar, según lo define el diccionario “Larousse”. La Administración Publica está provista de un ordenamiento legal que pudiera decirse completo; es decir, cuenta con leyes para casi todas las circunstancias posibles.

Sin embargo, adolece de vicios políticos como la demagogia, el clientelismo, el populismo, etc., que la hacen vulnerable a decisiones impropias por parte de los empleados y funcionarios públicos. Esa práctica deriva en desestabilizar el equilibrio económico social de la nación.

El Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente de la República y su gabinete, son los responsables de la Administración Pública, a ellos les compete diseñar y ejecutar las políticas para salvaguardar el patrimonio del Estado. En ese sentido, la prevención a esos males es una respuesta impostergable a los requerimientos de la ciudadanía.

El impacto que produce la aplicación de esos vicios se refleja negativamente en toda la actividad del Gobierno, debido a que, induce a entorpecer el alcance de los objetivos propuestos por las instituciones en el desarrollo de sus planes y proyectos. Además, se incrementan los costos estimados y el tiempo de realización.

Cuando se sugieren los correctivos a los inconvenientes precitados, estos son respondidos con mucha vehemencia, invocando la necesidad de socorrer a “compañeritos” que merecen ganarse el sustento propio y de sus familiares. Eso es muy justo y necesario, pero hay que hacerlo, sin torcer los objetivos de la gestión encomendada al momento de ser designados.

Si las instituciones del Estado fueran gestionadas con apego a las leyes y reglamentos que las rigen; los resultados serían muy diferentes a los que hoy día tenemos, la ciudadanía recibiría servicios eficaces y de mejor calidad, y el equilibrio socioeconómico del país no sería lastimado.

Ojalá se decida hacer un ensayo, aunque fuese con solo una institución, para comparar los resultados. O sea, el antes y el después. Así se pudiera evaluar de manera concreta y objetiva, las ventajas que se derivan de accionar apegados a las normativas vigentes