A pesar de que durante los tres períodos de gobierno de Leonel Fernández (1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012) se crearon las estructuras esenciales para combatir la corrupción administrativa y la administración de una mejor justicia, en la práctica fue muy poco o casi nada lo alcanzado.
Durante los citados períodos se impulsó un proceso de modernización institucional, con el objetivo de transparentar la administración pública. Las estructuras creadas sentaron las bases del marco legal anticorrupción actual en la República Dominicana, pero, a la vez, para algunos expertos en la materia, sirvieron como mecanismo de blindaje para su protección y la de los suyos.
DPCA hoy Pepca
El ex mandatario creó el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) hoy Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), como punta de lanza institucional para investigar delitos cometidos por funcionarios.
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Su primer director lo fue el doctor Pedro Justo Castellanos, ex juez del Tribunal Constitucional (TC), quien renunció al cargo alegando que había agotado su rol, pero para algunos, su dimisión obedeció a que no se doblegó ante ciertos requerimientos del Poder Ejecutivo que, incluso, también motivaron la renuncia del procurador de ese entonces, Mariano Germán Mejía.
Comisión de Etica
Creó La Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC) mediante el decreto en 2005, para trabajar en la parte preventiva y educativa del Estado. Su objetivo principal era supervisar el cumplimiento del Código de Ética del Servidor Público.
Compras
Impulsó la creación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas (Ley 340-06) y bajo su mandato también se creó la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Por primera vez se estableció un marco regulatorio estricto para que el Estado comprara bienes y servicios mediante licitaciones, buscando eliminar la «asignación a dedo».
OAI
Promovió la aprobación de la Ley 200-04 de Acceso a la Información (OAI) en cada institución pública, como forma de transparentar el funcionamiento de las instituciones estatales.
Actualmente, es una de la ley más usada, en especial, por instituciones que trabajan en la lucha contra la corrupción administrativa en República Dominicana.
Defensor del Pueblo
Aunque no fue su propulsor, Fernández fue el de la idea de que el Defensor del Pueblo fuera incluido en la reforma que se le hizo a la Constitución de la República en el 2010.
CNM
Si bien la ley se aprobó en el 94, fue en 1997 durante el primer gobierno de Fernández que se convocó por primera vez el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para elegir una nueva Suprema Corte de Justicia (SCJ), que presidió Jorge Subero Isa.
ENJ
Promulgó en du primer mandato la ley que crea la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), iniciativa del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de ese entonces, doctor Jorge Subero Isa, con la intención de formar los jueces que, hasta esa fecha, eran empíricos.
Los fiscales
En su último período (2011) promulgó la Ley 133-11, conocida como la Ley Orgánica del Ministerio Público, que le otorga facultad de independencia y autonomía a los procuradores adjuntos, de Corte, fiscales titulares y fiscalizadores.
Formalizó el concurso de oposición como la única vía de entrada para ser fiscal de carrera, buscando reducir el nombramiento por favoritismo político.
Leonel Fernández transformó la figura del fiscal de un simple auxiliar de la justicia a un investigador autónomo y de carrera, blindado por una estructura constitucional y una ley orgánica que rige su formación y ascenso.
Esa reforma permitió que los fiscales de ese entonces que respondían a su mandato pasaran a formar parte de la Carrera del Ministerio Público, haciéndolos inamovibles, lo que para mucho constituyó una garantía de protección.
Comisionado
En los gobiernos del doctor Leonel Fernández se crearon las estructuras y organismos necesarios, que dieron como resultado la reforma judicial que hoy disfrutan los dominicanos.
Con esos fines, durante su primer período de mandato creo el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia mediante el decreto 489-96, a cargo del doctor Lino Vásquez.
Surgió como una respuesta a la crisis institucional del sistema judicial de los años 90. Su objetivo principal era coordinar los esfuerzos de reforma, impulsar la independencia del Poder Judicial y modernizar las estructuras legales y administrativas del país.
Su creación fue un paso previo fundamental para hitos posteriores, como la conformación del primer Consejo Nacional de la Magistratura moderno y la designación de la «Suprema Corte de Justicia de 1997», que transformó el sistema jurídico dominicano.
TCRD
Fernández fue el principal promotor de la reforma constitucional de 2010, que entre otras cosas tuvo como resultado la creación del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Bajo su mandato se convocó a una consulta popular y se conformó una comisión de juristas para redactar el proyecto. Fernández defendía la necesidad de un órgano especializado que fuera el «guardián de la Constitución», separado de la Suprema Corte de Justicia.
Con ese propósito, se designó una comisión de expertos para elaborar el borrador de la nueva Constitución, con figuras destacadas de la comunidad jurídica dominicana. Fueron ellos, Milton Ray Guevara (quien luego sería el primer presidente del TCRD); Eduardo Jorge Prats, el periodista Adriano Miguel Tejada y Leyda Piña.
En fin, en los gobiernos de Fernández se hicieron las más importantes reformas judiciales jamás realizadas en territorio dominicano.
Sin embargo, en lo referente a la lucha y persecución de la corrupción, estas reformas parecen no haber rendido frutos, partiendo de los resultados de los expedientes que se conocieron en ese entonces.
Durante los tres periodos de gobierno de Fernández se presentaron diversos expedientes y denuncias de corrupción, pero ningún caso de importancia llegó a los tribunales, según se observa en los archivos consultados por El Nacional. Algunos llegaron a los tribunales tras el cambio de mando, mientras que otros fueron objeto de intensos debates públicos y auditorías.
Crespon negro de la Sund Land
El caso de la Sund Land Group, consistente en un préstamo por US$130 millones que tomó a esa empresa sin la aprobación del Congreso Nacional, fue uno de los más sonado durante el período de gobierno 2004-2008.
El expediente fue llevado a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) mediante un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Foro Social Alternativo, sin resultado alguno.
Los demandantes alegaron que el Poder Ejecutivo, bajo la administración de Fernández, había violado la Constitución al suscribir pagarés y comprometer el crédito público sin la aprobación previa del Congreso Nacional, tal como lo exigía la Carta Magna de aquel entonces.
Sin embargo, en diciembre de 2008, la Suprema Corte de Justicia emitió un fallo histórico y polémico. Aunque los jueces de la alta corte reconocieron que el contrato era inconstitucional por no haber pasado por el Congreso, declararon el recurso como «irrecibible».
Argumentaron que los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil no tenían «calidad» (legitimación procesal directa) para elevar ese tipo de recursos ante el tribunal en ese momento, una interpretación que generó fuertes críticas en la opinión pública y sectores jurídicos.
Fue una decisión tan polémica que, incluso tiempo después, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, admitió que se trató de un fallo que marcó negativamente la trayectoria de los jueces que habían sido designados en 1997.
Destacó que ante la opinión pública, la sentencia del mencionado caso fue vista como lo único malo realizado por esa Suprema Corte y “lamentablemente” es lo que más se recuerda de esos 14 años que estuvieron los jueces designados por el Consejo Nacional de la Magistratura, en 1997.
“El caso Sun Land yo siempre he dicho que fue un crespón negro en la toga de los jueces de la Suprema Corte de Justicia de esa época. Yo sigo creyendo que no fue una buena sentencia. Fue una decisión política. Sun Land fue un caso inminentemente político que se le dio una solución política”, afirmó Subero Isa en esa ocasión.
Plan Renove
El expediente del Plan Renove, consistente en un fraude en la compra de vehículos para renovar el sistema de transporte público en República Dominicana durante la gestión del presidente Hipólito Mejía (2000-2004), fue el caso de más importancia llevado a la justicia en el posterior gobierno de Fernández.
El Plan Renove fue un programa aplicado durante el gobierno del ex presidente Mejía a través del cual se importaron miles de vehículos livianos y pesados, para el transporte público de pasajeros y de cargas. La idea era sustituir viejos y destartalados vehículos por nuevas unidades.
Sin embargo, al iniciar el gobierno de Fernández (2004-2008) sindicalistas y empresarios del transporte colectivo y ex funcionarios fueron apresados y sometidos a la justicia implicados en una presunta estafa contra el Estado por más de 1800 millones de pesos a través del Plan Renove. El caso se debatió en la justicia y en octubre de 2005, los imputados fueron condenados varios años de prisión y multas de hasta 15 millones de pesos.
¿Quiénes fueron los condenados?
Los sentenciados fueron Pedro Franco Badía, Fabio Ruiz Rosado, Milcíades Amaro Guzmán, Gervasio de la Rosa, Blas Peralta, Francisco Antonio Pérez, Paulino Antonio Reynoso (Padre Toño), Freddy William Méndez, el hoy senador Antonio Marte y Alfredo Pulinario Linares (Cambita). La sentencia fue dictada en el 2005 por la Quinta Sala Penal del Distrito Nacional.
La Corte le impuso tres años de reclusión menor y una multa de RD$15 millones a Franco Badía, al declararlo culpable de prevaricación en perjuicio del Estado en la distribución de 3,035 unidades asignadas en venta mediante el Plan Renove. El tribunal dispuso que el cumplimiento de su pena fuera domiciliaria por su estado de salud.
Ruiz fue condenado a cuatro años de prisión y una multa de RD$10 millones; Amaro Guzmán, a tres años de prisión y RD$5 millones. Mientras Antonio Marte fue sentenciado a tres años de cárcel y el pago de una multa de RD$8 millones. Gervasio de la Rosa, a dos años de reclusión menor y multa de RD$3 millones. Mientras que Blas Peralta, presidente de la Federación Nacional de Transporte Terrestre, fue condenado a seis meses de prisión correccional; Pérez, a seis meses de prisión correccional domiciliaria, y el ex director de la Oficina Técnica de Transporte, Padre Toño, a dos meses de prisión. El sindicalista Méndez, a seis meses de prisión correccional en su domicilio; Cambita, a seis meses de prisión domiciliaria.
Indultados
Al igual que los demás casos del pasado y el presente, los condenados por el expediente del Plan Renove se salieron con la suya, puesto que fueron indultados por el entonces presidente Fernández, en diciembre el 2008. Estos fueron el hoy senador oficialista Antonio Marte, Milcíades Amaro Guzmán, Gervasio de la Rosa y Pedro Franco Badía, éste último en prisión domiciliaria por razones de salud.
