La sociedad dominicana está en efervescencia. El tema de las 3 causales que eximirían de responsabilidad penal la interrupción de embarazos, está al rojo vivo. Es una compleja mezcolanza de aspectos sensitivos donde convergen fanatismos, dogmatismos, ideologías, politiquerías, falsías, cinismos e hipocresías.

Eso hace extraordinariamente difícil conciliar posiciones enarboladas de manera radicalizada donde, al parecer, nadie quiere ceder un ápice por la premisa falsa de que sería derrotado.

La auténtica derrota es la continuidad de los abortos por constituir éstos un fracaso social y personal. En ese sentido, el primer error que aprecio en la temática es que se aborde la misma como si se tratara de una permisología para la realización de abortos. No. Se postula por algo tan distinto como propiciar la interrupción profesionalmente asistida de embarazos en circunstancias delimitadas y bien reguladas.

Defiendo con vehemencia las tres causales. En ningún caso, como parecen insinuar algunos, se estaría decretando la interrupción automática de embarazos.

Es inhumano permitir que mujeres mueran por estar obligadas a preservar un feto. ¿Qué sentido tiene hacerlas completar embarazos que terminarán con productos sin posibilidades de subsistir? ¿Por qué forzarlas a ser madres del resultado de violación, que incluso puede ser incestuosa? Lo mínimo es otorgarle derecho a decidir si desea continuar o no con una gestación en los escenarios de que se trata.

Lo anterior, no descarta que se aborden distintas maneras de contribuir de forma eficaz a definir un tema complejo como este y que tantas pasiones desata. No olvidemos que el asunto pasa por un componente político que no podemos desdeñar y que fuerza a encontrar caminos que conduzcan al mejor resultado dentro de las circunstancias.

Estoy convencido de que lo trascendente es introducir las causales, no dónde se haga. Por eso, valoro como precipitado descartar la ley especial, sobre todo, por los obstáculos que representa la codificación para la regularización detallada del tema. Consideraría inteligente y práctico, condicionarla a que sea aprobada previa al código.

Quienes se opongan desde el escenario legislativo y/o político, quedarían evidenciados usando la propuesta de la ley como ardid para no aprobar las causales. Es una coyuntura que demanda frialdad, sensatez, capacidad de flexibilización y concertación.

Estoy convencido de la necesidad de que los espacios de movilización social deben continuar impulsando el tema por sus capacidades de contribuir con una solución, que deberá girar en torno a la defensa de los derechos de las mujeres.

Por. Pedro P. Yermenos Forastieri
pyermenos@yermenos-sanchez.com