Tal parece que llegó tarde el decreto del presidente Danilo Medina que prohíbe las ventas de los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), porque esos inmuebles de vocación agrícola, urbanística y turística han sido en gran parte vendidos, traspasados o invadidos en condición de piñata sin dolientes.

El más reciente escándalo relacionado con esas propiedades inmobiliarias estatales ha sido la litis desatada con la supuesta venta de una amplia parcela donde está ubicado el vertedero de Duquesa, cuya propiedad es reclamada por el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte.

Resulta irrelevante saber los nombres o calidades de las personas físicas o jurídicas que hoy pugnan por la posesión de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar, toda vez que la jurisdicción inmobiliaria y el orden judicial se encargaría de dirimir esos diferendos.

Lo que resulta escandaloso es la forma en que el Estado ha propiciado o permitido la degradación de una valiosa propiedad pública que ha sido virtualmente saqueada o vendida a precio de vaca muerta, en algunos casos con la aprobación final del Senado de la República.

No se crea que esos antiguos predios cañeros sean solo “montes y culebras”, porque también están constituidos por extensas franjas disponibles para urbanizaciones o para el desarrollo agrícola y pecuario, además de excelentes terrenos de playas y montañas aptos para proyectos turísticos.

El Gobierno tendrá que lidiar con miles de familias que han ocupado terrenos del CEA para levantar viviendas o pequeños negocios, pero se requiere esclarecer todas y cada una de las operaciones de compra, venta, permuta o adjudicación de inmuebles, cuyos fines no tienen carácter social.

El decreto presidencial 268-16 dispone destinar los predios del CEA a proyectos estatales que beneficien a la población, pero debería precisarse que también debe incluir los terrenos que se recuperen de manos extraviadas, aun sea por vía judicial.
El Poder Ejecutivo y el Congreso están compelidos a afrontar el dilatado escarnio que para la sociedad dominicana representa el latrocinio que se acomete contra los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar.