El pasado proceso electoral plantea muchas lecciones, más que para el pueblo dominicano, para sus partidos y la Junta Central Electoral. El país confirma la tendencia que iniciara desde el 2004 y, por el momento, escribe sobre la piedra la realidad de que ya tenemos un sistema político bipartidista. Ante este escenario las estrategias, los mecanismos de medición de intención de voto, la forma de hacer la campaña ni el público al que deben dirigirse los candidatos, pueden ser los de antes. De igual forma, la Junta Central Electoral no puede mantenerse ajena a una sociedad mucho más evolucionada y madura que la de hace casi 20 años. Bienvenidos sean todos a la política dominicana del 2012.

Los partidos debieron aprender sobre la alta volatilidad de una proporción de entre 15% y 20% de los votantes. Esto, en un sistema bipartidista, es muy importante ya que, salvo circunstancias extremas, las diferencias en términos de preferencias rara vez excederán el 10%, haciendo de esos votantes volátiles la clave para ganar.

La diferencia reducida en la intención de voto de uno y otro partido también reduce el margen de errores que pueden admitirse en el trabajo electoral e incrementa la responsabilidad de los partidos en el transcurrir pacífico de las elecciones. Con solo 6.5 millones de votantes, siempre será probable que cada bando obtenga al menos 2 millones de votos, lo que acentúa la polarización.

La JCE debe comprender que la tendencia social es hacia mayor libertad y transparencia. El hermetismo y el cuidado extremo en las apariencias pueden terminar haciéndole más daño que bien. Es irracional la anulación de votos por el uso de celulares en las mesas, carece de sentido expresar temores por medios como las redes sociales, es contraproducente que, en medio de la llamada fiesta de la democracia, se impongan limitantes extremas a la expresión de ciudadanos y medios de información.

Es razonable la preocupación de la JCE de que se deje espacio abierto a los partidos para pronunciarse generando desconfianza en el arbitraje electoral. Pero existen formas más efectivas de alcanzar ese objetivo sin que implique un control asfixiante de la libertad de expresión y acción de los ciudadanos.

Los partidos y la JCE deben fijarse como meta que las elecciones en nuestro país dejen de ser un trauma, ya que el interés de la ciudadanía es que no lo sea. Está claro que el partido que busque socavar la autoridad de la Junta no contaría ni con sus votantes para llevar adelante su propósito. Los dominicanos sus elecciones las pelean con votos y no más.

Por lo anterior y por otras cosas, es tiempo de que partidos y JCE retornen a la mesa de dibujo y se replanteen el tipo de proceso electoral que conviene a los dominicanos. El actual está evidentemente agotado.