Todos tenemos derecho a saber por qué Solano, deportado por tráfico de drogas, recibió del gobierno de Leonel, según sentencia de la Suprema Corte de Justicia, más de cinco mil millones de dólares en obras del Estado. Alguien debe explicarnos de dónde salieron los fondos para patrocinar campañas en Haití, Perú, Panamá y otros países. Que nos digan cómo Arturo del Tiempo fue recibido en Palacio por el presidente, quien posteriormente intervino para que el Banco de Reservas financiara la Torre Atiemar donde la Policía tenía intereses a tal grado que un coronel asistente del jefe de esa institución era el jefe de seguridad de la obra.

La Fundación Global, Democracia y Desarrollo, desde mi óptica, es cuerpo del delito. La querella presentada por Guillermo Moreno y Alianza País, está bien fundamentada. No puede ser rechazada con bravuconadas. Las pruebas presentadas en el libro ¡Nunca Más! son demoledoras. Leonel tiene que explicarle al país la procedencia de los fondos de la Funglode. Es obligatorio. (¡Lean esa vaina, por favor!)

Aunque Guillermo Moreno tenga las pruebas, es Leonel quien tiene que demostrar la procedencia y legitimidad de sus bienes, según el artículo 146 de la Constitución del propio Leonel.

Nadie tiene que sentirse ofendido ni ultrajado. Es cuestión de ley. Todos los ciudadanos, menos los que la Policía les da pa bajo, son inocentes hasta tanto se les pruebe lo contrario.

El Comité Político, el Comité Central y todos los demás comités del PLD, en vez de amenazar y amedrentar, deberían demandar que la justicia actúe, con rigor, con honestidad y con absoluta independencia. No amenazar fiscales, ni presionar jueces, ni utilizar periodistas corrompidos para que insulten y denigren a quienes reclaman se cumpla con lo que establecen la Constitución y las Leyes. Leonel debería ser el primero en permitir ser investigado.

Los ciudadanos están en el deber de exigir transparencia. Y que los que resulten condenados por robo les sean expropiados sus bienes, como ordena la Constitución: A las personas condenadas por delitos de corrupción les será aplicada, sin perjuicio de otras sanciones previstas por las leyes, la pena de degradación cívica, y se les exigirá la restitución de lo apropiado de manera ilícita. Después, como dijera el poeta nacional, no quiero más que paz.