Cada día crece la fuerza para eliminar la dictadura constitucional guiada por el presidente Leonel Fernández, quien concentra en sus manos el control de los poderes públicos, principalmente el Congreso Nacional, la Junta Central Electoral y los órganos jurisdiccionales del Estado para cerrarles el paso y reprimir a sus opositores.

Dos ejemplos: las decisiones adoptadas por el Tribunal Superior Electoral (TSE), que rechaza las alianzas firmadas por el PNVC y el PRI con Hipólito Mejía, y posteriormente la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inadmisible un recurso elevado ante esa instancia para anular los veredictos indicados.

Existen varias teorías sobre la dictadura constitucional. Una por la que me inclino es que se trata de una estructura político-jurídica que se coloca en el interior de la legalidad democrática y rechaza la alternabilidad en el poder, predominando el poder absoluto, como ocurrió en México con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó ese país por 72 años, período que el escritor Mario Vargas Llosa describió como dictadura perfecta.

El experto Pedro Catrain citó recientemente a Carl Schmitt, ideólogo del fascismo, quien define la dictadura constitucional como la concentración de poder en un centro de decisión única, con la finalidad de fundar un régimen político, insertado en la legalidad democrática, quien sin salirse de esa legalidad, degrada considerablemente la calidad de la misma.

Los dominicanos vivimos una dictadura constitucional. Y esto queda demostrado en el Poder Judicial, donde Leonel y el PLD dominan los órganos jurisdiccionales y son los jefes del Ministerio Público.

No hay forma de combatir la corrupción, cuando los fiscales peledeístas, en función de jueces de la querella, tienen la facultad de desestimar cualquier sometimiento contra los actuales funcionarios que exhiben, con desfachatez y desparpajo, una opulencia que tiene explicación.