¡Oh dilema! Por primera vez en décadas, el petróleo del WTI, que usa la Ley de Hidrocarburos como referencia, se ha distanciado hasta más de $10 dólares por debajo del precio del crudo de la OPEP, que es el que realmente compramos. De sostenerse de esa forma por demasiado tiempo es probable que sea el mismo Estado el más interesado por realizar la tan anhelada modificación a la Ley.

Es triste que cada vez que se habla de modificación a la Ley de Hidrocarburos lo que se cuece son la división de los porcentajes, un reajuste de los impuestos o cada cuanto tiempo se deben modificar los precios, pero quizás el problema central, que es la transparencia en la fijación de precios, se deja de lado.

El mercado de la gasolina viene controlado por tres monopolios, dos de los cuales son ejercidos por los intermediarios, la Refinería Dominicana y los sindicatos transporte de combustibles, y el tercero del Estado quien por Ley define los precios, bajo una extraña fórmula que no parece ajustarse a la realidad detrás del negocio.

Por un lado no tiene sentido usar de referencia los precios internacionales del petróleo cuando la República Dominicana en gran medida lo que hace es importar gasolina. Y ni hablar de usar el West Texas Intermediate como referencia, cuando el poco petróleo que sí se importa y refina acá es anunciado con bombos y platillos que es comprado de Venezuela, que pertenece a la OPEP y tiene precio distinto.

Pero quizás lo más indignante acerca de la Ley de Hidrocarburos es que los precios se fijan de conformidad a un promedio semanal, como si compráramos el petróleo durante esa semana, o peor, como si fuéramos a consumirlo. Todos los contratos de petróleo en los mercados internacionales, que son los que verían de precio semanalmente, son para entrega al mes siguiente. O sea, se nos ajusta al precio de hoy algo que podríamos o no consumir el mes que viene, lo que significa que la gasolina cara que compramos ya está paga (a mucho menor precio, agrego) desde el mes pasado.

No aspiro en el mediano ni largo plazo que se produzca una liberalización total del mercado de la gasolina, a pesar de que debería ser la meta, pues su relevancia en las captaciones de recursos para el Estado es sensible, y no tiene sentido ni político ni en las finanzas estatales hacerlo. Pero sí me gustaría que hubiera un poco más de transparencia en la forma de fijarse los precios.

El gobierno puede aprovechar la coyuntura de una gran reforma en la Ley de Hidrocarburos y abocarse a incluir medidas que tiendan a desmantelar el monopolio de la transportación de los hidrocarburos lo que sería muy bien visto tanto por la población como por los principales actores del sector, convirtiendo así un potencial problema político en una victoria importante.

Apostar a darle tiempo al tiempo podría ser aventurero mientras el Medio Oriente entra en una posible era de inestabilidad sostenida en su intento de dar nacimiento a múltiples democracias, lo que va a seguir empujando los precios de la OPEP bien por encima a los del WTI. La producción del Medio Oriente, sin manifestaciones ya estaba en crisis, y el futuro no luce alentador. Que tanto más pueda República Dominicana sostener las incongruencias de la Ley de Hidrocarburos es difícil de determinar.