Antes de publicar las normas para la aplicación de la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el director de Impuestos Internos (DGII), Magín Díaz, advirtió sobre las consecuencias que tendría su violación para la inversión extranjera. Con las reservas e incluso observaciones que se han hecho a la polémica legislación, que entre otros aspectos desmonta el secreto bancario, el señalamiento es más que pertinente.

Aunque no fuera impuesta y se debatiera ampliamente no está de más orientar sobre su alcance a todos los actores para evitar que se alegue ignorancia. No es de las legislaciones que, como ocurre con muchas, se pueden pisotear sin ningún temor. Ha de tenerse en cuenta que la ley se corresponde con las exigencias de las normas internacionales para atacar los delitos que contempla.

Al advertir de las consecuencias sobre su violación tanto para la inversión extranjera como para la marca República Dominicana, Díaz también expresa que si bien se trata de un tema prioritario en la agenda mundial, en el plano local la ley ayudará a perseguir la evasión fiscal toda vez que faculta a la DGII a acceder a las operaciones financieras de las empresas sin una orden judicial.

La trascendencia se manifiesta con la anunciada presencia desde esta misma semana de representantes de organismos internacionales para evaluar los avances sobre una legislación que busca evitar el lavado en actividades como registros, notarías y empresas de factoraje, dealers, empresas de construcción y agentes inmobiliarios, joyerías, armerías, casas de empeño y otras. Hace unos días que habían entrado en vigencia las reglas para casinos y bancas de lotería.

Las normas dadas a conocer por la DGII indican que además de reportar las transacciones en efectivo superiores a los 15 mil dólares o su equivalente en pesos dominicanos, las entidades comerciales deben crear mecanismos para cumplir con las obligaciones, so pena de ser procesadas por del delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Ha de tenerse en cuenta que las empresas no son las únicas expuestas. También están las personas, desde las que desempeñan cargos públicos como las que no ocupan ninguna función, quienes deben estar inscritas en el Registro Nacional de Contribuyentes y rendir cuentas a la DGII. Bien que el director de la entidad alerta sobre las consecuencias, pero también es necesario que se oriente sobre su alcance a todos los sectores.