POR: Hugo A. Ysalguez
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La ley de naturalización y regularización de los haitianos ilegales y de los extranjeros de otros países, sancionada por el Congreso, no concede la nacionalidad a los indocumentados, pues establece un procedimiento que define el estatus para la estancia legal en el país. Erróneamente, algunos sectores entienden que la pieza concede la nacionalidad a más de un millón doscientos mil haitianos ilegales, cuando en realidad sólo otorga el privilegio a aquellos que están inscritos, de manera irregular en el Registro Civil que alcanzan unos 22 mil.

Los extranjeros ilegales para obtener su naturalización, tendrán que acogerse a las regulaciones de la Ley General de Migración, y tienen que tramitar su residencia y permanecer en el país por un período de dos años para optar por la naturalización. La norma exige una serie de requisitos que incluyen certificación de no delincuencia y una carta de garantía.

A raíz de la barahúnda y del escándalo mediático, generado por la sentencia del Tribunal Constitucional, que fija el criterios para adquirir la nacionalidad dominicana, miles de haitianos han entrado libremente por la frontera que divide ambos países, con el sueño de beneficiarse de una posible ley de amnistía. El 75 por ciento de los habitantes de Haití no tienen ningún documento de identidad, hecho reconocido por el propio gobierno del vecino país. En fecha 12 de febrero de este año, las autoridades haitianas, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos, anunciaron que habían documentado a cinco millones de sus ciudadanos.

Lo cierto es que la iniciativa del presidente Medina consolida la nacionalidad dominicana, como muy bien apuntara el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, quien subrayó que la ley será un paso trascendental en el afianzamiento de la dominicanidad, la defensa de la soberanía y el fortalecimiento del estado social y de Derecho.