El funcionario público
Por décadas, ciudadanos embelesados por un decreto trabajan con intensidad por su candidato presidencial, para un ascenso oficial cuando se entrecruce la banda del nuevo jefe de la nación. Y entonces recompensan con empleos y panecillos a una parte de los que cogieron Sol, sereno y empellones en la campaña electoral.
Ministros, directores o administradores generales, gobernadores civiles, alcaldes, órganos constitucionales u organismos provinciales y municipales del Estado anhelan esos cargos para brindar un auxilio a la administración pública, para satisfacer los requerimientos en los servicios públicos y coadyuvar con el fortalecimiento institucional y el desarrollo nacional y local.
También, para tener un ingreso fijo, percibir el salario 13, remuneraciones extraordinarias, como bonos por desempeño/rendimiento laboral sobresaliente; beneficiarse de un seguro médico y la seguridad social, participan en programas de adiestramientos y acumular los requisitos de 20 años de servicios y 60 de edad para optar por una pensión del Estado y, además, recibir prestaciones laborales.
Como contravía, los altos funcionarios del Estado también son víctimas de presiones y acosos por parientes, vecinos, amigos, compañeros del partido y desconocidos para que les consigan empleos, recursos monetarios en ayudas y contratos para suplir bienes y servicios. Además de la inseguridad laboral (un decreto inesperado los deja sin cargo), cosechan enemigos jurados, se exponen a maquinaciones aviesas y a complots, así como a acusaciones y sometimientos judiciales, por comisiones ilícitas conscientes o ultrajes/vejaciones, desatinos o equivocaciones inadvertidos, descuidos/negligencias o conjuras retaliativas irreales o sin sustentación jurídica. Aún con la absolución tribunalicia, con frecuencia el daño se prolonga tergiversado en el tiempo.
Acomodarse en la nómina del Estado –como compensación por un agotador sacrificio en la campaña comicial, por una vieja y fiel amistad con el incumbente o por ser un técnico calificado y cuasi imprescindible- asegura un ingreso estable, sea enano, mediano o larguirucho. El más bajo -digamos que menos de 50 mil pesos- posibilita el acceso al crédito para sobrevivir en el endeudamiento malabarista; el mediano bajo -yo lo calculo en 100 mil), mediano alto en 200 mil pesos- cubren la canasta familiar sin mayor dificultad, y el de más de 300 mil pesos ahorra en la tranquilidad.
Los del más crecido o cuarto quintil (QI) son, lógicamente, los de los funcionarios con los voluminosos salarios, que ahorran sin lastimar su calidad de vida; ellos pueden ser receptores de una privilegiada pensión y también de una sustanciosa prestación laboral, que les facilita invertir en áreas específicas, con una holgada renta mensual. Así, en el ocaso existencial podrán recontar, echándose fresco con un abanico de cartón en una mecedora del patio o galería de sus casas, sus más desoladoras travesías, y sus mo
