Ramiro Matos, ¿ejecutor o adalid?
(I)
Obedecer ciegamente mandatos superiores militares y policiales para torturar, acribillar y rematar a seres humanos rendidos, eriza los pellejos y encorva las más hondas fibras del cerebro, como ocurrió con los expedicionarios de 1959, Manolo Tavarez Justo en 1963 y Francis Caamaño en 1973. Sus autores tendrán que pagar por esos aniquilamientos en las llamas del infierno.
A raíz de los nuevos postulados jurídicos de los derechos humanos, los uniformados tienen que saber qué acatar, qué razonar y a qué resistirse, porque representa un menor costo ser sancionado por el Código Marcial, o expulsado de la institución policíaco-militar, que ser penalizado y culpabilizado por la colectividad.
En un continuo convulso, Ramiro Matos González redondea como el único varonil con kepis que aflora cuán especializado explorador de montañas y como un arroyuelo que chorrea de la boca de una caverna. El destino y su destreza le depararon intervenir jerárquicamente en por lo menos en cinco episodios trascendentales, que lo ensombrecido, no obstante su incuestionable aporte bibliográfico y escultórico.
En 25 años, los torbellinos de este ícono de la fusilera -“soldado que lleva un fusil”- fueron estos:
1.- Vincularse, como oficial de la Aviación Militar, con los expedicionarios de Constanza, Maimón y Estero Hondo, y luego auxiliar para que en el patio de la Academia Batalla de las Carreras fueran exhumadas 67 osamentas de asesinados.
2.- Actuar como jefe de la operación que, en 1963, abatió a mansalva en Las Manaclas, San José de Las Matas, a Manolo Tavarez Justo y 14 guerrilleros del Movimiento Revolucionario 14 de Junio.
3.- Enfrentar en combates, en favor de las tropas de San Isidro y los invasores de Estados Unidos, a revolucionarios constitucionalistas, el 26 de abril de 1965, en el puente Duarte, con resultados mortales.
4.- Comandar la captura, en La Horma, San José de Ocoa, en 1973, el despliegue que terminó con el fusilamiento del guía de Playa Caracoles, Francisco Alberto Caamaño.
5.- Coordinar con el jefe de la Policía, mayor general José Félix Hermida González, la acción que sofocó la poblada de abril de 1984, que dejó 107 muertos, unos 500 heridos y más de 6 mil arrestados. Manifestaciones, saqueos a supermercados y tiendas, incendios a vehículos y otros desmanes se registraron por las impactantes subidas de los precios de productos de primera necesidad, derivación de los acuerdos firmados por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
¿Por qué los generales involucrados no han sido juzgados por homicidios contra prisioneros de guerra, lesa humanidad y genocidios en tribunales dominicanos o en la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Holanda?
¿Son acaso imprescriptibles (extinción y prescripción de la acción penal) estos hechos punibles en la jurisdicción ordinaria dominicana?
