En el país hay 60 mil serenos o vigilantes que trabajan en la ilegalidad, afirmó la presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc), por lo que estimó que sería muy beneficioso, incluso para el sostenimiento de las actividades económicas, el fortalecimiento de la Superintendencia de Seguridad Privada.

Lucile Houellemont dijo que para el país sería muy beneficioso, incluso en términos económicos que todas las empresas que brindan servicios de seguridad y que operan en forma irregular, se formalicen.

Houellemont dijo que otro de los beneficios sería el mejoramiento de la seguridad ciudadana, al explicar que la vigilancia privada es un coadyuvante natural de la fuerza pública que afianza el efecto disuasivo hacia la delincuencia, con una capacidad de apoyo inmediato a la fuerza pública.

Recordó que un 83% de los usuarios formales de seguridad privada consideran la contratación de estos servicios como la medida de protección más efectiva según estudios realizados.

La presidente de Adesinc indicó que “el fortalecimiento de la institucionalidad de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la legitimación de los actores formales del sector que representa, son de vital importancia para crear las condiciones óptimas que permitan su sostenibilidad, dejando claro que el gremio de la seguridad privada es el principal colaborador del Estado en lo que concierne a prevención del delito, salvaguarda de los bienes y vida de los dominicanos, según lo expresan las mismas autoridades gubernamentales”.

Houellemont intervino en el acto de reconocimiento que otorgó Adesinc al recién relevado director ejecutivo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, general de brigada Justo Martín Fernández Tejada y a los oficiales de ese organismo, Inocencio Martínez Báez, subdirector técnico; Frank Adames Rosario, subdirector de operaciones y los encargados Miguel de los Santos, Carmen de la Rosa, y José Mosquea.

El acto contó con la asistencia de los legisladores Elías Serulle y Adriano Sánchez Roa, el teniente general Rubén Darío Paulino Sem, ministro de Defensa y el general de brigada Carlos Aguirre, nuevo director de la Superintendencia de Vigilancia.