El incendio que afectó ayer en almacenes y oficinas de la Junta Central Electoral (JCE) donde operaban la imprenta, áreas de informática, documentación, redes y soporte técnico, no alcanzó a dañar equipos operacionales esenciales para la organización de las elecciones primarias y comicios generales.

Lo menos que desea una sociedad estresada por el cúmulo de crisis y querellas políticas es que un siniestro arrase con el instrumental esencial de la JCE requerido para cumplir con el cronograma de montaje y celebración de consultas electorales, todas las cuales tienen plazos perentorios.

La rápida intervención del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, con la colaboración de brigadas de otras instituciones, evitó que el incendio se propagara por todo el edificio y áreas accesorias de la Junta.

El presidente de la JCE, doctor Julio César Castaños Guzmán, estimó como considerables los daños o pérdidas causados por el siniestro que se declaró cerca de la 1:00 de la tarde, pero reiteró que los nuevos equipos destinados a automatizar el proceso de votación y de conteo no resultaron afectados por las llamas.

La clase política debería reflexionar sobre lo difícil que sería garantizar elecciones libres, transparentes y concurridas para el 20 de mayo del próximo año, si el incendio de ayer escala a la condición de desgracia mayor, con el despojo de la JCE de toda su capacidad técnica y operativa para cumplir con tan difícil misión.

El liderazgo partidario no parece entender lo que significa para la JCE organizar primarias abiertas, cerradas o de cualquier otra modalidad señalada en la ley para que los partidos escojan sus candidatos a puestos de elección popular.

Como si fuera poco, esta vez las elecciones congresuales y municipales se realizarán separadas de las presidenciales, lo que significa que serían tres consultas, y otra adicional en caso de que sea necesario una segunda vuelta para elegir al presidente y vicepresidente.

El incendio de ayer en la JCE debería asumirse como una voz de alerta para que la clase política retome la racionalidad y retorne cuanto antes al carril de la sensatez para que la democracia dominicana pueda cumplir cabalmente con el mandato constitucional de celebrar elecciones libres, limpias, concurridas y transparentes, como desea y reclama la población.