Es una decisión propia del presidente de la Junta Central Electoral, licenciado Roberto Rosario, negarle el registro civil a decenas de miles de personas que residen en el país. Se trata, en su mayoría, de negros con ascendencia haitiana. Un abuso incalificable.

Pero el todopoderoso presidente de la JCE no se limita a esas prácticas inhumanas en contra de personas que, de una u otra forma requieren algún tipo de solución civil, también ha fijado tarifas inalcanzables a las certificaciones de actas que expide esa institución.

A su llegada a la presidencia de la JCE una certificación costaba cien pesos. Por ese mismo documento la gente paga ahora 400 pesos, con la agravante de que no es recibido en ningún sitio si no está legalizado. ¿Legalizado? ¿Entonces la JCE expide papeles ilegales? ¡Ríase! El hecho es que hay que pagar 400 pesos adicionales, en la misma JCE, para una supuesta legalización.

Un extracto de una simple acta de nacimiento termina saliendo en 800 pesos. Es un abuso. Abuso que callan los partidos políticos, pero que no tendrá silencio cómplice en un hombre de la seriedad y la autoridad del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. En cualquier momento requeriría una explicación. ¿O no?

De una institución de servicios, la JCE ha pasado a ser un organismo recaudador. Se dice que recauda miles de millones de pesos, sin que se conozca su desenvolvimiento administrativo, porque la Cámara de Cuentas o no la audita o nada publica de ese poder del Estado.

En las últimas semanas la JCE ha recibido gran cobertura periodística, porque dos de los jueces se oponen a la forma dictatorial como se maneja el presidente de ese órgano deliberativo.

Pero los medios expresan sorpresa porque dos jueces disienten del presidente, tratándose de una conducta normal, sin tocar el fondo de las diferencias. Y hablan de que las próximas elecciones están en peligro. ¿Y cuándo nuestros comicios no han sido un peligro? Lo que procede es sancionar los abusos del presidente de la JCE.