Una vez más quedó demostrado que los sindicatos y gremios de choferes que dirigen el transporte público de pasajeros y otras áreas en esta media Isla del Caribe son un poder indiscutible en la República Dominicana.

El liderazgo que los conduce pone en evidencia una vez másque son conocedores profundos de los mecanismos que conducena la sugestiónde quienes les rodean y de los gobiernos de turno.
En nombre de la democracia se adueñan de calles y aceras.

Se ponen por encima de quien sea, sin importar el gobernante que este y mucho menos el partido que gobierne, no respetan a nadie; ellos son ley, batuta y Constitución en este país. No hay dudas.

Con dolor hay que decirlo, históricamenteesos colectivos han tenido de rodillas, sino a todos, a la mayoría de los gobernantes que han desfilado por el solio presidencial desde hace ya más de cuatro décadas. Y esto no puede ser.

Como es posible que en plena posmodernidad a estos señores se les esté permitiendo que en nombre de la mentada democracia, como llamara el profesor Bosch en sus buenos tiempos, se impongan a la autoridad e irrespeten al pueblo de forma descarada.

Con razón o no, es inaceptable permitirles a estos señores que de la manera más temeraria y abusiva le exijan al actual gobierno revisar la Ley de Hidrocarburos, rebajar el precio de los peajes, así como mejorar los precios de los combustibles.

La misma Ley de Tránsito les otorga privilegios sobre otros conductores

Pero más aún, es civilizado y justo, aparcar sus camiones en plena vía pública sin importar el trastorno que esto implique para los demás, detener el tráfico de mercancías en el interior del país cuando les viene en ganas, realizar paros sorpresas e incrementan los pasajes de las distintas rutas sin consultar con nadie? Definitivamente, si esto se sigue permitiendo, son los dueños del país, como los bautizara en otrora el fenecido periodista y ex director del periódico El Nacional, que en paz descanse, don Radhamés Gómez Pepín.

Es menester, que el Gobierno explore mecanismos institucionales, normativos y de Ley, que hagan desaparecer de una vez por todas, este histórico e irritante chantaje de estos grupos que se han erigido como verdaderos carteles del sistema de transporte.