POR: Domingo Porfirio Rojas Nina
rojasninasc@hotmail.com

Es inconcebible, inaudito y frustratorio contemplar la situación de los distinguidos juristas defensores públicos, quienes tuvieron la gallardía de hacer de conocimiento nacional e internacional la información de que hacía varios meses que no cobraban sus sueldos.
La defensoría pública es una de nuestras importantes y valiosas instituciones, dentro de la temática de la Justicia dominicana, departamento dirigido por una extraordinaria, capaz, y honesta ciudadana, Laura Hernández Román, acompañantes y el valioso elenco de abogadas y abogados especializados, muy versados y diestros en su alta misión profesional.

Los defensores públicos, no son improvisados, sino profesionales del derecho, quienes tienen que pasar dos largos años en la Escuela del Ministerio Público y otras, hasta graduarse la mayoría con honores y distinciones, atravesando vía crucis, tormentos, pero estampados al fortalecimiento del sistema Judicial dominicano y con dignidad, quienes perciben el pírrico sueldo mensual trabando más que muchos.
Pitágoras proclamó: “si sufres injusticia, consuélate, porque la verdadera desgracia es cometerla”.

Parece que quienes anhelan o están apostando al debilitamiento del Poder Judicial, deben recordar las muy lamentables renuncias de importantes y excelentes magistrados jueces de diferentes instancias, así de ministerio público eficaces y con luminosa hoja de servicios. ¡Cuidado, mucho cuidado, que en el país quedan hombres y mujeres valientes, dignos y resueltos!.

El Poder Judicial hay que cimentarlo y fortalecerlo cada día más, y es por igual imperativo, un reajuste de sueldos tanto para jueces como representantes del ministerio publico, a quienes jamás se les puede arrancar el sagrado y constitucional derecho de ser el eje de la investigación procesal y los atributos que les confieren diversas disposiciones legales vigentes. ¡Mucho cuidado!.

Hay que aumentar el sueldo a laboriosos y brillantes funcionarios y empleados, auxiliares, secretarias, secretarios, alguaciles, mayordomos, mensajeros, choferes, y la seguridad del Poder Judicial, responsables de las audiencias como de los imputados y el publico.
Es increíble que a humildes rasos, clases y oficiales de la institución policial y a veces cuando actúan de los institutos castrenses, no se les asigne un incentivo justo para que puedan desayunarse y pagar el traslado de algunos detenidos de diferentes lugares del país.

Hemos comprobado que rasos, clases, hasta oficiales pasan hasta 20 horas con el estómago vacío. ¡Cuánta injusticia!
Cuando fuimos procurador fiscal durante en el gobierno del paladín de la honestidad, profesor Juan Boch, y luego con el brillante vegano doctor Héctor García Godoy, por nuestra provincia de San Cristóbal, existía un fondo especial para el pago de los traslados de miembros policiales y alimentación de acuerdo a la distancia. ¿Por qué no se pone en práctica ese método?