La región sur es la más deprimida del país, con un alto nivel de desempleo que pasa del 40%, falta de oportunidades de desarrollo, y una pobreza extrema que ha obligado a mucha de su gente a abandonar el país y buscar refugio en naciones de Europa, sobre todo España, Italia y Holanda, así como en Estados Unidos. De esa realidad saben las provincias Peravia, San Cristóbal, San Juan, Baoruco, Pedernales, Independencia, Elías Piña y Barahona.

Se trata de un panorama que no es ajeno para la clase política, incluyendo el presidente de la República, quien hace poco viajó a la región y anunció iniciativas de desarrollo para llevar esperanza a una población cansada del abandono, y sólo recibir históricas promesas politiqueras.

Pero como vivimos en una nación donde se suceden las cosas más absurdas, es increíblemente en esa devastada región por la miseria, pese a contar con envidiables riquezas naturales –sólo que en provecho de unos pocos- donde un consorcio extranjero en complicidad con una parte del Gobierno dominicano, en el deleznable propósito de desalojar de sus pequeños predios a cientos de humildes agricultores que durante décadas se han ganado el sustento de sus familias en el duro trabajo de la tierra.

Es el Consorcio Azucarero Central (CAC), arrendatario del ingenio Barahona a través del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), que se vale de las alcaldías, la Policía y de soldados del Ejército, para atropellar a campesinos de distintas comunidades sureñas, con un solo norte: echarlos de sus predios para utilizar la tierra productora de diferentes rubros para la siembra de caña de azúcar, sin importarles, en lo más mínimo, la suerte que correrán cientos de familias dominicanas. Es evidente que lo humano no les importa a los poderosos que sólo ven la posibilidad de seguir engordando sus bolsillos, gracias a contar con el apoyo de un sector gubernamental que está supuesto a defender a esas familias y evitar que queden al desamparo.

En las últimas semanas cientos de pequeños parceleros han sido desalojados por los ejecutivos del CAC, acompañados de decenas de guardias y policías, equipos pesados, autoridades del Ministerio Público y de las alcaldías. El abuso ha rebasado los límites, a tal punto que también se pretende violar el derecho a la protesta pacífica de los parceleros, instalados en un campamento para la defensa de sus predios.

Presidente Abinader, es tiempo de que usted ordene detener esas inhumanas acciones apoyadas por sectores del Gobierno contra cientos de familias campesinas dedicadas al trabajo de la tierra. Conociendo el buen criterio con que el jefe del Estado se ha manejado a lo largo de los más de 8 meses de gestión, creo que ese innecesario ultraje a los labriegos sureños es contrario a su pensamiento y reconocido proceder.

Presidente, usted demuestra que es diferente, pare esos desalojos en la deprimida región sur, y aproveche para llamar a las entidades defensoras como el Centro de Promoción Campesina y la Federación de Agricultores y Asociaciones Campesinas del Sur Lemba, y a otras entidades vinculadas a la educación, economía y salud, para que juntos busquen vías de desarrollo que justifiquen a la juventud y a las familias quedarse allí a impulsar su región.

Lo que sucede en el sur es por falta de sensibilidad social, identificación con el pueblo, y hasta tacto político con que actúan algunos funcionarios, sin medir consecuencias, tanto en lo que respecta para el buen crédito del Gobierno, como para los objetivos partidarios de cara al próximo proceso electoral. El tema está en la cabeza de muchos funcionarios afines al presidente Abinader, y en otros que responden a un sector diferente a lo interno del PRM.

El clima negativo que muchos generan también terminará perjudicando a los que representan al otro sector interno. Es sólo que la borrachera del poder les obnubila el buen juicio.

Por: Miguel Pichardo
miguel.sobrevivire@gmail.com