En la década de los ochenta, del siglo pasado, residíamos en Puerto Rico. Allí nos tocó ser el secretario general de la seccional Eugenio María de Hostos, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Todos los años, en nuestra condición de secretario general de una organización política del exterior, teníamos que llenar un documento obligatorio suministrado por el departamento de Estado de los Estados Unidos, en Puerto Rico.

Un abogado puertorriqueño, cuyo nombre no recuerdo, aunque sí preciso que pertenecía a una organización de izquierda, nos ayudaba al llenado y cumplimiento con todas las exigencias requeridas.

Recuerdo que debíamos hacer constar nuestro nombre y apellidos completo, casado o soltero, dirección, teléfono y lugar de trabajo, entre otras cosas personales. Además, señalar cuáles eran las tareas del PLD en Puerto Rico, ubicación y cantidad de militantes, etc.

En otras palabras, sabían hasta cuando salíamos de Puerto Rico y hasta con quienes nos reuníamos en la isla del encanto. Nunca sentimos miedo ni delirio de persecución, porque para ese entonces para los miembros del PLD lo primero era el partido, luego el partido y después el partido. Fueron nuestros años felices y demaduración política teniendo como líder y guía a don Juan, quien siempre nos profesó una consideración distinguida.

Todo viene a colación porque en más de una ocasión federales nos paraban más para fastidiar que para solicitar que les mostráramos nuestra tarjeta de residencia permanente en los Estados Unidos. A veces, ya sea en Río Piedras o en Santurce, estando presente, llegaban a un establecimiento y comenzaban a registrar a todos los dominicanos que allí estábamos. Y, por supuesto, se llevaban en calidad de detenido a todos aquellos que se encontraban residiendo de manera ilegal en Puerto Rico. Rápido los esposaban y luego deportaban hacia territorio dominicano. Nadie tenía derecho a opinar.

Por supuesto que a todos nos molestaban esos comportamientos, pero al final, con la mente fría, teníamos que aceptar que ellos estaban realizando su trabajo. En realidad, ellos tenían todo el derecho de apresar y deportar a todos los ilegales que encontraran residiendo en su país. Eran y continúan siendo sus leyes.

Y así las cosas, nosotros también tenemos nuestras leyes. Somos un país libre e independiente, democrático y soberano. Y nadie, absolutamente nadie, puede pretender estar por encima de todo lo establecido en nuestra Constitución.

Ningún ser humano, sin importar su procedencia de origen ni las condiciones materiales de existencia, tiene derecho a exigir lo dejen establecerse en nuestro país, siendo un ciudadano ilegal. El padre Regino nunca tendrá la razón. Queda dicho.