Corrupción y escándalos
Señor Director:
Los escándalos de corrupción administrativa que se producen en instituciones del Gobierno han generado una preocupación en la sociedad dominicana, siendo lamentable que se produzcan en una gestión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), organización fundada por el fenecido profesor Juan Bosch.

De las mejillas del fundador y líder del PLD habrá de estar brotando lágrimas de sangre, como las que siempre auguró en sus discursos de previsión sobre situaciones calamitosas para el país a consecuencia de administraciones gubernamentales que no eran de su partido.

Las últimas dos gestiones de gobierno del doctor Leonel Fernández han estado caracterizada por graves irregularidades en instituciones del Estado y en los programas que se han desarrollado.

Los ejemplos sobran y los más humildes obreros, campesinos y personas de escasa formación sociopolítica hacen un análisis retrospectivo de la historia dominicana y llegan a calificar las gestiones de Fernández como las de mayúsculos escándalos de corrupción.

Pero lo más lamentable es que se denuncian los casos, como los del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri) durante la campaña electoral de 2008, donde su director Héctor Rodríguez Pimentel autorizó la distribución de millones de galones de combustibles para abastecer a vehículos que participaban en los actos de campaña reeleccionista y los pagos hechos a militantes reformistas que apoyaban la reelección de Fernández (pagos que también se hacían en otras dependencias del Estado); el de la Lotería Nacional, con la distribución de juguetes a congresistas y personalidades de la sociedad dominicana; el de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT) y el más reciente surgido en el Programa de Reducción de Apagones (PRA), y los funcionarios o no son destituidos o si son quitados del puesto no son sometidos a la acción de la Justicia.

Algunas de esas gestiones son auditadas, pero ¿para qué? Pura y simplemente para que figure en los medios de comunicación que hubo un alegado interés del Poder Ejecutivo o de los organismos que deberían velar por el control en el Estado (Contraloría, Cámara de Cuentas y Ministerio Público) de que hicieron gestos por limpiar el desaguisado de funcionarios.

Al parecer, después de la decisión de la Suprema Corte de Justicia en torno al gran escándalo de la Sun Land Dominicana, del manifiesto interés del Poder Ejecutivo de no perseguir a los acusados por el caso PEME y la amnistía del presidente Fernández contra acusados por el fraude bancario en Baninter y en el Plan Renove, los funcionarios del Gobierno se han considerado con aval para hacer y deshacer en la administración pública, llegando muchos a establecerse como islas de Poder en sus instituciones.

Lamentable es también que la sociedad cuente constitucionalmente con los poderes Legislativo y Judicial, que han de ser de control del Ejecutivo, pero que estos no sean capaces de actuar en base a las facultades que les otorga la Carta Magna y teman enfrentarlo.

Bajo un ambiente así, al que se añade el auge del narcotráfico y de las acciones de violencia y crímenes, además de las deficiencias en los servicos de educación y salud, se podría afirmar que estamos ante un Estado fallido y un desarme social que enrumban a nuestra sociedad por el peor de los caminos.

Atentamente,

Rafael Tomás Jaime

Periodista

rtjaime@hotmail.com