A las próximas elecciones se puede ir con los ojos cerrados sin riesgo de que en cualquiera de las boletas puedan aparecer sapos y cacatas. Tras la exclusión del diputado Julio Romero de la boleta del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) el horizonte electoral se ha despejado. Para el movimiento feminista y algunos comentaristas, no se sabe si con algún interés, el problema era ese legislador que encarnaba los antivalores al incurrir en la desvergüenza del adulterio, embarazando a una jovencita.

No importa que haya asumido la paternidad; lo que hizo es imperdonable en una sociedad que, como la dominicana, cuenta con unos valores y principios tan arraigados que no puede permitir que un recinto tan augusto como el Congreso sea ensombrecido con la presencia de un diputado como Romero o con algún pariente suyo.

Se puede elegir a cualquier candidato sin importar que no haya rendido cuentas de sus ingresos, sospechoso de enriquecimiento ilícito, que haya violado las leyes sin el menor pudor, señalado por escándalos de corrupción o hasta vinculado con el narcotráfico.

Al menos es lo que se deduce del silencio de los sectores que han convertido a Julio Romero en símbolo de la inmoralidad. Y de no ser así ese movimiento estaría hoy exigiendo cuentas a candidatos cuestionados, que para colmo se han prestado al envilecimiento de la sociedad a través de limosnas sustentadas con los recursos públicos.

El problema no es legal ni social, es moral. El pobre Romero, sin saber que ni siquiera tiene derecho a la palabra, ha alegado que si se investiga a los candidatos relacionados con el narcotráfico en el país no habría elecciones.

En una actiud propia de una sociedad permeada por la hipocresía y la doble moral, no se le ha prestado atención. Porque de lo que se trata es de coger piedras para los más chiquitos.