En la República Dominicana se están realizando elecciones ininterrumpidamente desde el año 1966 cuando las tropas norteamericanas impusieron al doctor Joaquín Balaguer. Las denuncias de fraude, y el uso de los recursos del Estado, han estado presentes en todas ellas.

La selección de los candidatos en los partidos es un proceso mafioso donde suelen ganar los que más recursos tengan, no importa de dónde provengan, si del narcotráfico, el crimen o el presupuesto nacional. (Un candidato de la capital invirtió más de 50 millones de pesos en campaña (interna y externa). Hoy es diputado electo: Nadie le preguntó de dónde provino el dinero. Y no es el único que ha comprado un cargo.

A los recursos que otorga el Estado a los partidos políticos, se suman otros. No hay límites. ¡Es por eso que los presidentes llegan al gobierno atados de manos y pies!

El sistema electoral dominicano precisa de una profunda reforma. No es posible, por ejemplo, que un partido como el PRD, que haya sacado casi la mitad de los votos no tenga un senador. No es posible igualmente continuar con el voto preferencial, ni con el uso de los recursos del Estado. Es urgente una nueva ley electoral al igual que una ley de partidos que evite el transfuguismo, el uso de los dineros del pueblo, del narco, del crimen…

Lamentablemente, los partidos y los gobiernos han sido un obstáculo para desarrollar el sistema electoral. La JCE se ha colocado por encima de los partidos en materia electoral. En las elecciones presidenciales pasadas, la Cámara Administrativa de la JCE que encabeza Roberto Rosario, propuso reglamentar la propaganda y la publicidad. Pero el PRD, en un acto insólito, se opuso. Lo mismo hizo una buena parte de los medios de comunicación, para los cuales las elecciones constituyen un gran negocio.

La JCE vende credibilidad. Como los bancos. Para eliminar la desconfianza, hay que terminar con la cultura del fraude. Pero los partidos aportan poco o nada. El problema ahora es mayor. El presidente Leonel Fernández no quiere cambios.

Para cambiar esa realidad la oposición y la llamada sociedad civil, tienen que encabezar un movimiento poderoso, para aprobar leyes que fortalezcan la democracia haciéndola más participativa y plural.